La Policía Local de La Laguna imputó a un hombre de 24 años como supuesto autor de un delito por lesiones causadas por una imprudencia grave. El joven es el propietario de un perro potencialmente peligroso, un dogo canario, que atacó y mordió a un vecino de Tejina el pasado 30 de marzo, aunque el juicio se celebró ayer en el Juzgado de Instrucción Número Tres de La Laguna.
El servicio de Policía Ecológica detectó que el propietario del animal carecía de licencia municipal y del seguro de responsabilidad civil, que son dos requisitos fundamentales para tener este tipo de canes. Además, lo llevaba sin correa ni bozal. Al imputado le constaban antecedentes policiales por doble atentado a agente de la autoridad y lesiones. Y, además, el dueño del perro tiene una discapacidad física, psíquica y sensorial del 65 por ciento. Es decir, con estas dos últimas circunstancias, el Consistorio lagunero no le hubiera dado el permiso para poseer al dogo canario, pues uno de los requisitos establecidos por la legislación es que los dueños de tales perros carezcan de historial delictivo y otro consiste en que deben tener un certificado de aptitud física y psíquica para poder dominar a este tipo de ejemplares.
Los hechos ocurrieron a las 21:45 horas. La víctima, un varón de 47 años, paseaba con su pequeño perro mestizo y, de repente, del campo de fútbol salió un can grande de color negro. Como percibió que dicho animal iba a atacar o matar a su mascota, él afectado cogió a esta en brazos. Pero, aún así, el dogo saltó y lo mordió en la parte posterior del antebrazo izquierdo y un hombro. De hecho, perdió algo de masa muscular en el miembro superior.
Supuestamente, el imputado acudió hasta el centro de salud de Tejina, pero, ante la gravedad de las lesiones, lo derivaron hacia el Hospital Universitario de Canarias (HUC).
Los hechos fueron denunciados ante la Policía Local de La Laguna, que acudieron hasta el domicilio del dueño del perro potencialmente peligroso y certificaron que había un dogo canario negro.
Al hacer la pertinente comprobación del chip del censo de Zoocan, los agentes del servicio de Policía Ecológica certificaron que el propietario era la persona que estaba junto al can el día de los hechos y que fue identificada como J.C.M., según una de las fuentes consultadas.
Una de las fuentes consultadas ayer por EL DÍA señaló que la víctima aún está en proceso de recuperación de la lesión sufrida.
La petición realizada por el Ministerio Fiscal consiste en unos 180 euros en concepto sanción, otros 450 euros por la responsabilidad civil y otros 700 euros por los perjuicios estéticos causados a la víctima.
Además, la corporación municipal también aplicará el trámite administrativo, ya que el dueño carecía de lo estipulado en la normativa municipal para la tenencia de un perro potencialmente peligroso.