La Policía Nacional detuvo a 23 personas en Las Palmas al desarticular un entramado que se dedicaba a facilitar falsos contratos de trabajo a inmigrantes para regularizar su situación en España e, incluso, para que cobraran las prestaciones por desempleo.

Los contratos se emitían a través de una pequeña empresa de construcción y reformas que no ejercía actividad alguna, pero que había dado de alta en el último año a casi 250 empleados, provocando un fraude a la Seguridad Social de 653.429 euros por cuotas impagadas y otro de 183.504 euros en forma de subvenciones a la contratación de trabajadores indebidamente cobradas.

Entre los acusados figura el propietario de esa sociedad, J.G.M.A., y M.Á.G.T., un abogado especializado en extranjería.

El empresario, el letrado y otra de las arrestadas, la secretaria D.M.R.D., están acusados de aprovecharse de que podían utilizar el sistema informático Red de la Seguridad Social para dar de alta de forma fraudulenta a trabajadores, en su mayoría magrebíes y latinoamericanos.

La empresa facilitaba a estas personas un contrato que servía para renovar los permisos de residencia en España o incluso para solicitar una reagrupación familiar, pero también para fingir el periodo de cotización exigido para conseguir el derecho a cobrar una prestación por desempleo.

Este último "servicio" también era utilizado por ciudadanos españoles e inmigrantes en situación legal en el país.

La Policía asegura que cada cliente abonaba inicialmente 400 euros por su contrato, de los que 100 euros correspondían al abogado-gestor y 300 al empresario, que a su vez pagaba comisiones a una decena de intermediarios que le ayudaban a conseguir personas interesadas en participar en este fraude.

Después, el trabajador "contratado" tenía que pagar 200 euros por cada mes que permaneciera dado de alta en la Seguridad Social y entre 30 y 50 euros por cada documento que se le emitía para sus diversas gestiones con las autoridades, como una nómina, un certificado o un reconocimiento de alta.

Si el extranjero pretendía aparentar que contaba con los permisos y la solvencia económica necesaria para conseguir que sus parientes entraran en España acogiéndose a una reagrupación familiar, la tarifa ascendía a unos 1.000 euros.

La actividad de este entramado era tal, que cuando los policías registraron en el barrio de Guanarteme el despacho del abogado, se personaron en él una decena de extranjeros dispuestos a contratar este servicio.

Entre los 23 detenidos hay seis españoles, 12 marroquíes, cuatro colombianos y un brasileño. La operación Tormenta está supervisada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas, que ordenó el ingreso en prisión preventiva del empresario arrestado.

La Jefatura Superior de Policía adelantó ayer en un comunicado que se esperan nuevas detenciones y también actuaciones sancionadoras por parte de la Inspección Provincial de Trabajo y del Servicio Estatal de Empleo.