El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) solicitó recientemente al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), junto a los órganos homólogos de otras seis comunidades autónomas, un refuerzo para juzgados que investigan casos de corrupción, con el fin de agilizar los procedimientos en marcha.

El problema fundamental en muchos de estos órganos judiciales es básicamente la falta de personal para poder afrontar con solvencia tanto los trámites ordinarios derivados de faltas y delitos como los complejos procesos que tratan de esclarecer supuestos asuntos de corrupción en administraciones públicas, donde suele haber un número elevado de imputados y testigos.

En el caso del Archipiélago, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias reclamó que los Juzgados de Instrucción Número 1 de La Laguna y el Juzgado de Instrucción Número 5 de Arrecife cuenten con un juez sustituto que sea capaz de cubrir los asuntos ordinarios, mientras el titular se ocupa específicamente y de forma temporal de instruir los casos de corrupción.

Y es que en estos asuntos conviene que el magistrado o juez esté presente en la toma de declaración a los imputados. Y tal labor requiere un número considerable de horas.

En el caso concreto del Juzgado de Instrucción Número 1 de La Laguna, además del citado juez de apoyo, también se considera necesaria la asignación de una persona que se dedique a escanear los miles de folios de las diligencias, con el objetivo de que estén digitalizadas y puedan conservarse en soporte informático y aportarse a las partes en discos compactos o memorias de almacenamiento portátiles (pendrive, por ejemplo).

Y es que esa labor, que puede parecer nimia, conlleva la dedicación de un número significativo de horas por parte de un funcionario. En dicho órgano judicial, tras plantear la necesidad de contar con un escáner, dicho equipo informático tardó en llegar unos seis meses.

Fuentes judiciales consultadas por EL DÍA señalan que, si con el trabajo ordinario, generalmente la mayoría de juzgados están sobrecargados, si les toca instruir un asunto de corrupción o de narcotráfico, por ejemplo, el problema se complica de forma considerable. Se da la circunstancia de que el Partido Judicial de La Laguna es el que más exhortos (peticiones efectuadas por juzgados de otras provincias y del extranjero) recibe a nivel nacional. Y sólo de esos trámites hay unos 2.500 al año en los diferentes órganos judiciales laguneros. Las mismas fuentes explican que cada uno de esos asuntos supone "una pequeña gota de agua que, sumadas, acaban por frenar, bloquear o corroer" el sistema judicial.

El abogado Felipe Campos afirma que por parte de la inmensa mayoría de los políticos no hay interés alguno en dotar de los medios materiales y humanos suficientes a la administración de Justicia, sobre todo si dichos recursos van destinados, precisamente, a determinar si algunas de esas autoridades han incurrido en delitos de corrupción.

Una de las fuentes judiciales consultadas matiza que "la administración de Justicia no vende, ni da votos", pues ni se trata de la Educación, ni de la Sanidad ni de los Servicios Sociales.

Y, por lo general, una media del 50 por ciento de los usuarios de los tribunales quedan insatisfechos de sus resoluciones.