La empresaria acusada de estafar a 55 inmigrantes, a los que exigía el pago de, al menos, 350 euros a cambio de tramitar el permiso de residencia en España y conseguirles un empleo o contratarles, afirmó ayer ante la Audiencia de Las Palmas que su única intención era ayudarles.

La acusada, que se enfrenta a seis años de prisión, declaró ante el tribunal de la Sección Sexta, después de que el presidente, Emilio Moya, informara de que no se ha producido indefensión como alegó el lunes el abogado de la procesada, quien solicitó la nulidad del proceso durante el trámite de las cuestiones previas.

Moya, que acordó ayer al inicio de la vista paralizar su desarrollo para deliberar sobre la posible nulidad, manifestó que las cuestiones planteadas por el letrado de la defensa, Francisco Javier Santana García, se resolverán en la sentencia.

La empresaria explicó al tribunal que no era consciente de que su empresa estuviera cometiendo delito alguno y aseguró que a todos los inmigrantes que se lo exigieron les devolvió el dinero que le pagaron por no conseguirles el permiso de residencia que les había garantizado.

De los 55 afectados que figuran en la causa, once, la mayoría mujeres, declararon ayer y negaron que la acusada les devolviera el dinero que tuvieron que abonar, por lo que reclaman las cantidades que pagaron, que, en varios casos, sobrepasan los mil euros, ya que algunos acudieron a su empresa para tratar de regularizar la situación de más de una persona.

Solo una de las afectadas señaló que la acusada le devolvió 600 euros de los 1.095 que tuvo que pagar para que consiguiera tres ofertas de trabajo y la residencia en España de tres compatriotas suyos que vivían en Colombia, por lo que reclama el resto del dinero a la procesada, quien, además, ni siquiera presentó estas solicitudes ante la Delegación del Gobierno, según la acusación pública. Las personas afectadas manifestaron al tribunal sentirse engañadas por la acusada, pues coincidieron todas en que les garantizó que les iba a conseguir los permisos para residir en España, así como trabajo para los que lo necesitaran.

Los afectados indicaron al tribunal que, cuando se acercaban a la oficina a interesarse por cómo iban los trámites, la acusada les contestaba con evasivas.

Según la acusación, la empresa de la acusada, Leneson SL, que tenía una oficina en Las Palmas de Gran Canaria y otra en Puerto del Rosario, de los 414 expedientes que presentó ante la Delegación del Gobierno de Canarias para la regularización de inmigrantes entre los años 2005 y 2007, solo consiguió que se autorizara el 17 por ciento.

La acusada, sin embargo, dijo que cree que fueron admitidos muchos más.

Sociedad fundada en el año 2002

La procesada también indicó ante la autoridad judicial que la empresa Leneson SL, en la que figuraba como única administradora y propietaria, la fundó en 2002 para ofrecer trabajo a inmigrantes y que su actividad principal era la limpieza de obras y ofertar trabajos en el sector de la construcción. Además, ha dicho que, como presidenta de la Casa de Guinea, comenzó en 1999 a asesorar a inmigrantes. El juicio continuará el próximo jueves con la declaración de otro grupo de afectados. Durante los últimos años han sido varias las operaciones contra diversos dueños de asesorías en varios puntos de Canarias.