El Juzgado de lo Penal número 1 de Huelva acoge durante este jueves y viernes el juicio por la muerte de Ch. L. M., la niña de ocho años de edad que ingresó en el Hospital Juan Ramón Jiménez el 24 de diciembre de 2005 aquejada de una apendicitis y falleció tres días después a causa de una mortal infección. La madre de esta menor, Elena Masera, acompañada por el padre, Robert Leslie, ha pedido "justicia justa y transparente" para su hija, indicando además que llega al juicio "con confianza" porque, según asegura, "lleva la verdad".

En rueda de prensa, Masera ha criticado "los ocho años de espera" que lleva desde que falleció la niña, periodo en el que llegó a iniciar una huelga de hambre por la tardanza judicial, y según ha remarcado, lleva "luchando el mismo tiempo que me han dejado vivir con ella y aún no tengo aceptado su muerte".

De igual forma, ha señalado que llega al juicio "con fuerza y con miedo, pero con ganas de que pase ya y poder vivir el duelo de mi hija tranquila", a lo que ha añadido que es "una injusticia que estos médicos hayan seguido ejerciendo" tras la muerte de la menor.

Este juicio fue aplazado el pasado mes de enero tras el cambio de juez en el citado juzgado, ante el que se sentarán tres médicos --en un principio eran cuatro pero uno de ellos ya ha fallecido-- imputados tras la muerte de la niña por un delito de homicidio por imprudencia profesional.

La Fiscalía pide cuatro años de prisión para cada uno, la inhabilitación especial para ejercer su profesión durante seis años y una indemnización de 200.000 euros para los padres de la menor fallecida, con responsabilidad civil de la compañía aseguradora y del Servicio Andaluz de Salud (SAS), según consta en el escrito judicial.

Por su parte, la acusación particular, que ejerce el letrado de la Asociación de Víctimas de Negligencias Sanitarias (Avinesa), Rafael Martín Bueno, pide para los imputados un total de cuatro años de prisión por un delito de homicidio por imprudencia profesional, así como al pago de una indemnización de 200.000 euros a los padres de la pequeña por los perjuicios irrogados, debiendo declararse la Responsabilidad Civil Subsidiaria del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y su entidad aseguradora con carácter solidario.

A su vez, pide la inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión por un periodo de seis años y las costas del juicio, incluidas en estas las de la acusación particular, que ha solicitado la declaración de una mujer, familiar de un compañero de habitación del hospital donde estaba ingresada la pequeña, así como la de dos peritos, forenses del Instituto de Medicina Legal (IML).

Solicitados por las defensas declararán una veintena de profesionales, de hecho, según ha señalado Masera, en las últimas semanas el juez ha aceptado 18 testigos por parte de la defensa entre peritos, catedráticos y jefes de servicio del hospital. Al respecto, Elena Masera ha remarcado que "por muchos catedráticos de medicina que vengan, los cuales ni vieron a mi hija en su agonía y muerte, y expliquen el proceso, la realidad es la que es y es que no hicieron nada por salvarle la vida".

Por ello, pide que se "haga justicia y que estos médicos lo paguen en la cárcel", así como que "el juez tenga corazón, ya que la niña murió por abandono y por la fecha en la que ocurrió, en plena Navidad" cuando, a su juicio, la plantilla no estaba al 100 por cien, mostrándose convencida de que la pequeña "no hubiera muerto si hubiera ingresado en otra fecha". Además, ha remarcado que "hubo muchas incoherencias, ya que tras la operación le diagnosticaron gastroenteritis y le pusieron dieta blanda".

"SIN ANTIBIÓTICOS"

Masera ha recordado que su hija ingresó el 24 de diciembre de 2005 en el hospital Juan Ramón Jiménez por una apendicitis de la que fue operada con éxito ese mismo día, pero en las 48 horas siguientes fue empeorando hasta morir "sin que en ningún momento se le practicaran pruebas, ecografía o analíticas, y sin ponerle ningún tipo de antibióticos para remitir la fiebre, tan solo suero".

Por último, el padre de la pequeña, Robert Leslie, ha resaltado que los médicos "deben de tener un código moral con el paciente, algo que estos no tuvieron, ya que, cuando llegué mi hija estaba bajo una sábana y no me dieron ni una explicación, solo el parte de defunción para que lo firmara", por ello, ha insistido en que "lo único" que quieren es que "el juez sea humano y vea la realidad, que es la que es, pues la niña murió por negligencia médica".

En declaraciones a Europa Press, la presidenta de Avinesa, María Antonia Moral, ha asegurado que harán "escraches" en sus puestos de trabajo contra todos los profesionales que "mientan" en el juicio", ya que, según ha asegurado, "dicen burradas con tal de cubrirse las espaldas unos a otros".