El Equipo del Área de Investigación de la Guardia Civil de Candelaria imputó al responsable de una recuperadora de metales (chatarrería) situada en Santa Cruz de Tenerife, concretamente en el polígono industrial de El Chorillo, como presunto autor de un delito de receptación al adquirir metales con conocimiento de su procedencia ilícita. El servicio se inicio el pasado 20 de agosto tras un importante robo de cable de cobre en un complejo residencial de Candelaria situado en la calle Araca, donde los autores se apropiaron de metales por un valor de 50.000 euros. A raíz de las investigaciones se logra detener a dos varones de 22 y 30 años de edad y vecinos de esta localidad. Las labores policiales de la Guardia Civil se centraron en averiguar el paradero del cable del cobre sustraído, procediéndose a inspeccionar las diferentes recuperadoras de metales de la zona norte de Tenerife, con el resultado de que en una de ellas, concretamente una empresa situada en la capital tinerfeña fue la receptora de tal material. Se ha constatado que en esa empresa no se exigían los trámites administrativos en la venta de estos metales. Ello facilita la venta de metales robados, independientemente que los detenidos inicialmente fraccionaran las ventas.
Así mismo, en primera instancia se procede a la intervención de una saca de cable de cobre que se encuentra en dichas instalaciones, la cual arrojó un pesaje de 883 kilogramos, para posteriores gestiones de localización del material sustraído; tras la inspección de dicha saca se obtiene que el cable de cobre sustraído no puede ser identificado, sospechándose que éste ya había sido procesado y enviado a Península para su posterior tratamiento, motivo por el cual dicho material intervenido se puso nuevamente a disposición del establecimiento.
De las gestiones realizadas en torno a la venta del cable de cobre sustraído por parte de los detenidos, se ha obtenido que los mismos trataron de vender dicho material en otra recuperadora de chatarra y metales del término municipal de El Rosario, si bien por parte de dicho establecimiento no se procedió a la adquisición del mismo por las fundadas sospechas de su ilícita procedencia.