Agentes de la Sección de Investigación Criminal de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife llevaron a cabo una investigación por la apropiación indebida de una elevada cantidad de dinero en el marco de la operación Potable, que finalmente se saldó con la detención de una persona y la imputación de otras cinco.

El principal acusado es un hombre de 35 años, que es vecino del Puerto de la Cruz.

La investigación fue iniciada a finales del mes de marzo de 2014, a raíz de la denuncia presentada por una empresa de gestión de aguas de la isla de Tenerife con sede en Candelaria (Aqualia), que comunicó a la Guardia Civil que recientemente había detectado irregularidades en el pago a varios proveedores.

En concreto, fue un error numérico en una de las órdenes de pago fraudulentas el que destapó lo que posteriormente se demostraría que se trataba de una trama de desviación de fondos que se venía desarrollando desde hacía algunos años.

Durante el proceso de investigación se pudo comprobar cómo uno de los empleados de la empresa perjudicada, en concreto el contable, almacenaba modelos de órdenes de pago fraudulentas junto a la firma digitalizada de altos cargos de la empresa para poder dar validez y hacer efectivas las mismas.

Los agentes iniciaron un largo análisis de información y documentación relacionada con el empleado, que derivó, por un lado en el seguimiento de cada una de las cuentas destinatarias de los movimientos bancarios investigados, permitiendo identificar a sus titulares como partícipes y colaboradores de la trama de apropiación indebida, y por otro lado, en la tarea de comprender el procedimiento llevado a cabo por el contable de la empresa. Y los guardias llegaron a la conclusión de que tenía una alta capacidad organizativa para el fraude.

Tras todo el trabajo de análisis de documentación, en papel y en formato digital, se pudo detectar también la falsificación de cheques bancarios que fueron hechos efectivos en ventanilla, lo que abrió una nueva línea de investigación hacia fondos que no fueron desviados mediante transferencia bancaria y que, por tanto, no pudieron ser detectados por la empresa hasta el momento de la investigación.

Los investigadores del Instituto Armado afirman que han podido demostrar que el citado contable había desviado más de un cuarto de millón de euros (250.000 euros) hacia las cuentas bancarias de familiares y conocidos de este.

Además, los agentes imputaron a las cinco personas que son titulares de las cuentas bancarias receptoras de los movimientos fraudulentos, según los datos ofrecidos por la Comandancia Provincial.

Las pesquisas continúan

Las dos últimas personas imputadas, a mediados del presente mes, viven en Gran Canaria, por lo que se contó con el apoyo de la Unidad de Policía Judicial de Las Palmas. Tras cinco meses de investigación, se logró esclarecer los hechos, aunque se mantiene abierta la operación, dado que no se descarta que haya más dinero apropiado indebidamente y se busca recuperar parte de lo desviado.