Ramón Armas de León empezó el juicio por asesinar a su suegra “montando” un número a su abogado y lo finalizó dando un “espectáculo” de insultos y con una actitud muy violenta, de la que no escapó la fiscal, la magistrada, la abogada de la acusación, su letrado y hasta el Jurado.

Ayer Armas de León fue declarado, por unanimidad del Tribunal del Jurado, culpable de los delitos de asesinato y allanamiento de morada. El procesado entró en la casa de su exsuegra, que era sorda y no podía caminar, a la que asestó un fuerte golpe en la cabeza que resultó mortal.

Pero ayer la lectura del veredicto fue casi lo menos relevante, puesto que el acusado adoptó una actitud desafiante y violenta desde el mismo momento en que los miembros del Jurado abandonaron la sala.

Entre otras cosas, el acusado aseguró que “se merecen ir al infierno, todos”, en relación a los miembros del Jurado.

Además, al último de ellos que abandonó la sala de vistas le dedicó una peineta, ante la sorpresa de casi todos los presentes, puesto que no es habitual que un procesado actúe de esa manera ante el Tribunal que lo ha juzgado, independientemente de que lo considere culpable o no.

Y fue entonces cuando la fiscal delegada de Violencia de Género, Francisca Sánchez, empezó a leer su petición de condena para el procesado que fue de 20 años de prisión por delito de asesinato.

En ese momento, con un comportamiento irrespetuoso como pocas veces se ha visto en los últimos años, el procesado le respondió “20 no, 40”.

En ese instante, la magistrada, Esmeralda Casado, ordenó con voz tranquila que lo desalojaran de la sala.

La medida fue recibida con un “gracias” por Ramón Armas, que aún le dedicó al Tribunal un “son unos colonialistas”, mientras losdos agentes del Cuerpo Nacional que lo custodiaban lo arrastraban fuera del recinto.

Pero aún tuvo tiempo para despedirse del letrado que lo ha defendido, Julio González Ortigosa, con un “abogado sinvergüenza, ladrón”.

Ante dicha actitud, tanto el citado abogado como su procuradora adoptaron desde ese mismo momento los pasos oportunos para no seguir con su defensa, después de que en la primera sesión lo acusara de deslealtad, entre otras cosas.

La fiscal prosiguió su intervención pidiendo 20 años por asesinato así como otros cuatro por allanamiento de morada. Además, reclamó una indemnización para su exesposa y sus hijos de 300.000 euros, otros 3.000 euros por daños morales y el coste del tratamiento psicológico que han recibido. La acusación particular pidió una condena similar a la fiscal. Y el letrado defensor, 15 años de cárcel por asesinato y otro por allanamiento de moradato.