Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Inspección de Trabajo, la Tesorería de la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo Estatal en Santa Cruz de Tenerife, han detenido a 14 personas e imputado a otras 15 por falsedades documentales y delitos contra la Hacienda Pública.
Entre los detenidos hay un hombre de 66 años, administrador de la principal empresa investigada y otras 17 empresas más, otro de 47 años y anterior administrador, y una mujer de 36 años, encargada de la tramitación de los contratos y asuntos laborales en la empresa.
Las pesquisas, que han durado aproximadamente cinco meses, se iniciaron a principios de junio de 2014 cuando por parte de los investigadores se tuvo conocimiento de que la principal empresa investigada, de la cual era administrador el detenido de 66 años, podría estar cometiendo fraude a la Seguridad Social tras realizar contrataciones "fraudulentas" de ciudadanos extranjeros y españoles sin que éstos desempeñaran ninguna actividad laboral.
El objetivo, resalta la Policía Nacional en una nota, es que pudieran regularizar su situación administrativa en España y obtener subvenciones estatales de desempleo, utilizando para ello la "venta" de esos contratos, teniendo que abonar una cierta cantidad de dinero para hacer frente al pago de los seguros sociales.
Una vez que tenía el dinero para pagar los seguros en su poder, nunca eran abonados a la administración correspondiente por parte del empresario, el cual se embolsaba para su propio beneficio el dinero.
Las empresas investigadas servían como empresas ''pantalla'' para la contratación, tanto de trabajadores reales como de trabajadores autónomos, en las islas de Gran Canaria y de Tenerife, los cuales desempeñaban trabajos para otras empresas u otras personas autónomas, en muchos casos para el reparto de publicidad y, en otros, en el sector de la construcción.
La deuda acumulada con la Seguridad Social por esta empresa, que resultó ser insolvente y ficticia, asciende a un importe de más de 340.000 euros, siendo beneficiarios en este caso de las coberturas sociales que su alta en la Seguridad Social conlleva.
A raíz de esta operación, se ha podido determinar el cobro indebido de prestaciones y subvenciones por desempleo por los afiliados de la principal empresa investigada, que asciende a más de 243.000 euros, que por parte del Servicio Público de Empleo Estatal se está reclamando su devolución a las personas que de forma fraudulenta lo han cobrado.
ASESORÍA DE LA CAPITAL
Asimismo, y en el marco de la operación, se procedió a la detención de un hombre, de 47 años, y una mujer, de 36 años, partícipes activos en esta actividad ilegal, el primero también como administrador de la empresa realizando funciones de captación de trabajadores, y la segunda como encargada de la tramitación de los contratos de trabajo y demás asuntos laborales.
Todo el entramado tenía como nexo de unión una conocida asesoría de la capital tinerfeña, donde el administrador, ya detenido, de 46 años, realizaba todos los trámites derivados de las altas de los trabajadores tanto ficticios como reales, llegando incluso a la captación directamente del trabajador y su de alta en la Seguridad Social, sin mantener contacto alguno el trabajador con el administrador de la empresa.
La investigación ha sido llevada a cabo por policías de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras (UCRIF-Unidad Contra las Redes Ilegales y Falsedad Documental) de la Comisaría Provincial de Santa Cruz de Tenerife, con la colaboración de la Inspección Provincial de Trabajo, la Tesorería General de la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo Estatal, todos ellos en Santa Cruz de Tenerife.