El juicio por los supuestos malos tratos en el centro de discapacitados Naranjos de Luz de Tacoronte quedó ayer visto para sentencia en el Juzgado de lo Penal número 8 de Santa Cruz de Tenerife. Las partes plantearon sus conclusiones, que apenas variaron tras seis sesiones de declaraciones de denunciantes, testigos y peritos.

El representante del Ministerio Fiscal cree probado que los dos procesados, el director y una auxiliar, son culpables de un delito de malos tratos, por lo que reclamó para ellos dos años de prisión, así como la suspensión de empleo y cargo para ambos "para estos menesteres" por el tiempo que dure la condena.

Para la Fiscalía, el hecho de que los trabajadores denunciantes que dijeron ver los tratos vejatorios a los discapacitados no denunciaran los casos de forma inmediata, por miedo a perder sus empleos y al estimar que la acción de una persona no sirve para nada, "no quiere decir que ese testimonio carezca de validez". Según el fiscal, "quedó acreditado que los hechos ocurrieron, que existe un perjudicado concreto y conductas concretas".

La acusación particular, representada por el abogado Antonio Molina, concluyó que ocho discapacitados fueron, de forma habitual, víctimas de malos tratos. Molina planteó que era comprensible que los ocho trabajadores denunciantes no pusieran los hechos en conocimiento de las autoridades por miedo a perder su puesto de trabajo, ya que los únicos que lo tenían asegurado eran los dos procesados y la pareja sentimental del director del recurso.

Para el letrado de los denunciantes, también quedó demostrado que el Ayuntamiento tacorontero y el exalcalde Hermógenes Pérez apoyaron decididamente al director del centro.

Molina señaló que hubo malos tratos "de palabra y obra", por lo que reclamó para los acusados ocho años de prisión. Reconoció que hubo "ausencia de resultados físicos lesivos, ya que se trató de situaciones puntuales sobre usuarios concretos". Recordó que uno de los afectados, hijo de la empresaria Teresa Queipo, sufrió patadas, empujones, tortazos, tirones o arrastre por el suelo cuando se quedaba dormido en medio de un aula". Y Molina insistió en que tales actos "se realizaban con agresividad".

Además, manifestó que varias testigos relataron que algunos castigos consistían en encerrar a varios de los discapacitados en espacios oscuros, como eran el "cuarto del ocio" o el "cuarto bajo la escalera".

El letrado de la acusación recordó que, durante el juicio, se explicó que la procesada amenazaba con dar cabezazos, así como le gritaba en la cara o en los oídos a diferentes usuarios para humillarlos, a la vez que utilizaba expresiones como "eres una mierda", o bien realizaba imitaciones o burlas de algunos de los discapacitados.

La defensa y el consistorio: "No hay pruebas"

El letrado de la defensa, Antonio Purriños, y el abogado del ayuntamiento pidieron un fallo absolutorio por la falta de pruebas contundentes contra los dos procesados en el transcurso del juicio. Purriños consideró injustificado que se solicite para sus dos clientes ocho años de prisión y el doble de suspensión de empleo y sueldo, lo que obligaría al director del centro y a la auxiliar a cambiar de isla o, al menos, de municipio. Este representante legal de los denunciados indicó que, en un parte de lesiones presentado por la madre del principal afectado, el médico no certificó que hubiese agresión o lesión, mientras que en el segundo caso se trató de una caída por unas escaleras. Para Purriños Corbella, la defensa que el exregidor de Tacoronte hizo del director del centro es un ejemplo de la implicación que tenía con el recurso desde su creación. Además, el abogado de los acusados señaló que "hay declaraciones contradictorias" entre testigos de la Defensa y la Acusación. Respecto a muchos testigos, comentó que "no vieron maltrato". Y, además, se volvió a preguntar por qué los trabajadores que vieron conductas irregulares no acudieron a las fuerzas de seguridad, al Juzgado o al Cabildo para interponer su queja. Acerca de una de las denunciantes más activas, Teresa Queipo, afirmó el abogado defensor que incurrió en contradicciones, porque en el juicio comentó que su hijo no tenía ataques epilépticos, aunque en octubre de 2008 dijo que se los habían detectado en el año 2005. El representante jurídico del Ayuntamiento tacorontero aseveró que, durante el juicio, las acusaciones graves que inicialmente se denunciaron se han diluido. Para este letrado, las declaraciones de los testigos no han sido claras, concisas y sin contradicciones, pues muchas veces se han basado en "me han contado, me han dicho". Y comentó que muchos padres no sabían que firmaron para denunciar, así como que la comisión de delitos de forma habitual no está acreditada, faltan partes de lesiones y los peritos no arrojaron luz al proceso judicial.