Un caso "muy duro" y "delicado" se juzgó ayer en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Una vecina de La Laguna, de 34 años, está acusada de agresiones sexuales y corrupción de menores sobre sus dos hijas, que entonces tenían ocho y cinco años de edad. La procesada grabó en vídeo los hechos y los editó para enviárselos a un ciudadano de Murcia que, presuntamente, le hizo el encargo del "trabajo".

El juicio se celebró ayer a puerta cerrada, debido a las circunstancias que rodean el asunto.

El representante de Fiscalía, Alejandro Salinas, solicitó inicialmente para la madre de las víctimas cerca de 100 años de prisión y otros tantos para el otro de los procesados.

Ambos fueron detenidos por investigadores de la Guardia Civil en julio y agosto del 2012, respectivamente, después de que un "amigo" de la mujer aportara a los agentes un disco duro con imágenes en las que se la veía manteniendo relaciones sexuales con sus hijas, así como grabaciones pornográficas de ambas menores en solitario.

Durante la sesión de ayer, la madre de las niñas reconoció los hechos de los que se la acusa, pero con el matiz de que fue inducida por el otro acusado, que supuestamente le prometió, a cambio de grabar tales escenas, "llevar una vida holgada y cómoda", según explicaron ayer las fuentes judiciales consultadas.

Las abogadas de la Defensa de la vecina de La Laguna perciben que en la sesión de ayer quedó acreditado de forma clara que la procesada fue "inducida" por el otro implicado para que cometiera los graves hechos que se le imputan, según señalaron ayer las mencionadas fuentes judiciales. El juicio oral comenzó a las diez de la mañana aproximadamente y, tras un receso a mediodía, continuó hasta pasadas las 15:20 horas.

Posteriormente, la vista oral siguió en la tarde de ayer para que las partes, Fiscalía y las defensas, presentaran sus escritos con las conclusiones definitivas.

En un primer momento, las letradas defensoras de la madre de las niñas reclamaron la libre absolución.

Sin embargo, de forma subsidiaria, solicitaron para la acusada que se la condene únicamente por un delito de agresiones sexuales; es decir, que no se tenga en cuenta la imputación por corrupción de menores.

"Operación Smirnoff" desde Tenerife

La investigación de guardias civiles de Tenerife destinados en el Equipo Mujer Menor (Emume) y en el de Investigación de Delitos Tecnológicos (Edite) de la Policía Judicial comenzó cuando una persona conocida de la madre de las víctimas entregó un disco duro en el que aparecían imágenes de alto contenido sexual con las niñas como protagonistas. Desde ese momento, los agentes comenzaron la investigación del caso, bajo la dirección de un sargento primero. Dichos miembros del Instituto Armado prestaron ayer declaración en el juicio. En sus intervenciones hablaron del material informático y de los archivos que encontraron en el registro de la vivienda de la vecina de La Laguna, que se desarrolló concretamente el 31 de julio del año 2012, en el marco de la denominada "operación Smirnoff". La mujer, que en esos momentos tenía 32 años, poseía en su vivienda un ordenador con una cantidad considerable de material pornográfico y, en parte del mismo, aparecían sus hijas. Tras la detención de la mujer, las menores quedaron a cargo de su padre, que está totalmente desvinculado de los delitos. La declaración de la mencionada mujer permitió a los guardias civiles identificar a un hombre, vecino de Murcia, que también fue acusado de agresiones sexuales y corrupción de menores. El registro de la casa de este tuvo lugar el 5 de agosto. En el transcurso de la sesión de ayer, dicho hombre "no reconoció" las acusaciones vertidas contra él, según las diversas fuentes consultadas. Supuestamente, en el registro hecho en su casa de Murcia, los guardias civiles hallaron imágenes pornográficas de las dos víctimas. El juicio fue desarrollado por la Sección II de la Audiencia Provincial y estuvo presidido por el magistrado Joaquín Ástor Landete.

las claves

Una vecina de La Laguna y un vecino de Murcia fueron juzgados ayer por agresiones sexuales y corrupción de menores a las hijas de la primera.

La procesada reconoció los hechos y que fue inducida a hacerlo por el otro acusado.

El fiscal solicitó inicialmente para cada uno de los procesados cerca de 100 años de prisión.