Cuatro miembros de una misma familia han sido detenidos por confinar y esclavizar a indigentes en barracones y caravanas ubicadas en fincas de las afueras de A Coruña, donde los obligaban a trabajar durante jornadas maratonianas construyendo edificaciones ilegales, recogiendo leña o ejerciendo la mendicidad.
Además de estas prácticas esclavistas, los arrestados, dos hombres y dos mujeres naturales de España y Portugal, tramitaban las solicitudes de prestaciones sociales a las que tenían derecho las víctimas y se apropiaban de todo el dinero que percibían, informa hoy el Ministerio del Interior en un comunicado.
La investigación, realizada por el Grupo de Delincuencia Organizada y Violenta de la Policía Judicial de A Coruña y la Unidad de Intervención Policial, se inició tras la denuncia de uno de los indigentes que pudo alertar de su situación tras permanecer 14 días retenido, así como avisar de que había más personas como él en una finca aislada de núcleos de población en la zona rural de Ledoño.
Seguidamente, se desarrolló un dispositivo para registrar el lugar, donde los agentes localizaron a otras dos víctimas en una finca anexa que trabajaban allí contra su voluntad y en régimen de esclavitud, sostiene la nota.
Tras liberar a las dos víctimas y analizar el material intervenido, la Policía descubrió que otras tres personas que habían estado en la misma situación lograron huir en fechas anteriores.
Los presuntos autores que sometían a estas personas a tratos inhumanos y degradantes fueron localizados y detenidos por los delitos de detención ilegal, trata de seres humanos con fines de explotación laboral, lesiones, amenazas con armas, robo con intimidación, estafa continuada y otros contra la integridad moral.
En el momento de los arrestos, hallaron además a otra víctima en uno de los domicilios, que estaba siendo buscada por los investigadores.
Se trataba de víctimas vulnerables y desarraigadas socialmente, sobre las que nadie denunciase su desaparición.
En este operativo han colaborado los servicios municipales de los Ayuntamientos de A Coruña, Culleredo y Muxía, así como la Cruz Roja.
Los hechos se conocieron a principios del pasado mes de febrero, cuando uno de los ancianos secuestrado pudo denunciar en la Cruz Roja, cuando fue a cobrar su paga acompañado por uno de los supuestos captores, que permanecía retenido en un poblado chabolista en las afueras de la ciudad.