La residencia de Santa Fe de Zaragoza, en la que ayer murieron 8 ancianos al incendiarse, funcionaba de manera alegal porque no contaba con licencia de actividad, según ha explicado hoy la concejala de Derechos Sociales del Ayuntamiento, Luisa Broto.

Acompañada del consejero municipal de Urbanismo, Pablo Muñoz, Broto ha comparecido en rueda de prensa para transmitir a los familiares de los fallecidos las condolencias del Consistorio, que ha decretado un día de luto, y ha informado sobre el estado de actividad de la residencia.

Según la edil, a finales de 1997 la residencia solicitó licencia de actividad y de obras y se denegó porque se requerían 10.000 metros cuadrados de superficie que no se tenían y porque el suelo no era urbanizable por lo que en octubre de 1998 se denegó la licencia de apertura.

Broto ha explicado que entonces se dio un periodo de carencia y "nunca más apareció" por lo que al no existir licencia de actividad la residencia "ha estado realizando una actividad alegal, lo que se puede denominar una actividad prohibida", ha asegurado la concejal.

En este sentido, el responsable de Urbanismo ha precisado que ese tipo de residencia necesita una serie de condiciones físicas además de unos requisitos específicos para el tipo de suelo que no cumplían y por eso fue denegada, de modo que para Muñoz "ha sido una actuación a sabiendas y a espaldas de esa legislación".

Motivo por el que tampoco existe un informe del servicio de Salvamento y Extinción de Incendios de Zaragoza puesto que "no existe" la residencia.

"Al no haber objeto revisable no existe expediente de evacuación y extinción", ha precisado Broto quien ha destacado la "encomiable" labor de los bomberos durante el incendio.

No obstante ha asegurado que en el caso de que hubiera habido denuncia sobre la actividad o el funcionamiento de la instalación sí que se hubiera realizado inspección, aunque no constara la licencia de actividad.

A juicio de Broto, la responsabilidad "debería recaer en la empresa que ha realizado las actividades" si bien ha reconocido que las autoridades competentes tienen "una responsabilidad moral y vamos a poner toda la información a disposición del juez".

La primera decisión que ha adoptado el Ayuntamiento es hacer un listado de todas las residencias que hay en Zaragoza para llevar a acabo una revisión en cuanto a licencias de apertura, denegaciones u otros requisitos.

Broto ha subrayado que la responsabilidad subsidiaria la planteará el juez y van a esperar a lo que diga el magistrado porque el hecho causante "es lo que más importa", ha dicho.

Desde el Ayuntamiento han reconocido que se ha producido una "situación de largo recorrido que viene dada" y que ha originado "un problema grave, con múltiples aristas".