Más de cinco años después, el caso de la muerte violenta de una mujer ecuatoriana en San Isidro (Granadilla) no se ha cerrado judicialmente. El noviembre de 2013, el único acusado del asesinato, Pablo César Quinzo, pareja de la víctima, fue condenado a 17 años y medio de prisión por el Tribunal de Jurado de la sección V de la Audiencia Provincial. Ayer se supo que el Tribunal Constitucional da la razón a Quinzo para que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) vuelva a iniciar el proceso de su recurso de apelación y se revise el asunto. El Alto Tribunal declaró en una sentencia que se ha vulnerado el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del ciudadano ecuatoriano.
El asunto del recurso de apelación fue asumido por la Sala II de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
La raíz de la "polémica" entre dicho órgano y la representación legal del ciudadano ecuatoriano, a raíz de que el TSJC fija para el 25 de febrero de 2014, a las nueve y media de la mañana, la vista para tratar el asunto.
La Sala II de lo Civil y lo Penal recibe del sistema de fax del abogado de Quinzo, José María Calero Martínez, un "ok", que supuestamente confirmaba la recepción del aviso sobre la fecha y hora de la referida convocatoria.
Sin embargo, a las diez de la mañana del 25 de marzo del pasado año, ni la procuradora ni el abogado defensor de Pablo César se presentaron para tratar el recurso de apelación. Ante dicha circunstancia, el 27 de marzo, la Sala II del TSJC dictó el archivo del caso en un primer auto.
La representación procesal del condenado por asesinato pidió un nuevo señalamiento el 6 de marzo "para evitar la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva".
Calero aludió a un problema con el sistema de comunicación de su fax, por el que dicho mecanismo responde automáticamente el "ok" de la recepción del aviso de señalamiento del TSJC y que él nunca supo la fecha de la convocatoria.
La Sala II del TSJC dictó el 24 de marzo un segundo auto en el que denegaba la rectificación pedida. Y en un tercer auto, de 16 de mayo, dictó la desestimación de la nulidad de las actuaciones pedida por la defensa de Quinzo. Pero ahora el Tribunal Constitucional ordena retrotraer las actuaciones hasta el momento previo al primer auto y que se le respeten a Quinzo sus derechos constitucionales.
las claves
El Tribunal Constitucional declaró en una sentencia que la Sala II de lo Civil y Penal del TSJC vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva de Quinzo y revisar de nuevo el recurso de apelación de un condenado por el asesinato de su pareja en mayo del año 2010 en la vivienda que ambos compartían en el núcleo de San Isidro, en Granadilla.