Tres años después de la tragedia que acabó con la vida de cinco chicas en el Madrid Arena, quince personas se sentarán el martes en el banquillo de los acusados, en un juicio muy esperado por las familias de las víctimas y que puede despejar las incógnitas aún pendientes sobre qué falló esa noche de Halloween.

Cristina Arce, Belén Langdon, Katia Esteban, María Teresa Alonso y Rocío Oña. Sus nombres estarán presentes en la vista que se prolongará hasta mayo y que dará comienzo en la Audiencia Provincial de Madrid justo 38 meses y 11 días después de que una avalancha en la fiesta de Halloween pusiera fin a sus cortas vidas.

Sus familias esperan que se haga justicia tras una vista que ha acaparado una gran atención mediática. De hecho, hay acreditados 200 profesionales de 60 medios de comunicación.

Quince acusados se enfrentarán a peticiones de condenas de la Fiscalía que oscilan entre los cuatro años y los dos años y medio de prisión. Solicitudes de condena que no satisfacen a las familias, como tampoco que no haya ningún político procesado.

Una de las demandas de condena más alta corresponde al principal acusado, el empresario Miguel Ángel Flores, máximo responsable de Diviertt, la organizadora de una fiesta que terminó en tragedia justo cuando se disponía a actuar el plato fuerte de la noche: el músico y DJ Steven Aoki.

Indica el fiscal que este imputado, con "un claro ánimo de enriquecerse", vendió más entradas de las que permitía el aforo. 10.620 eran las permitidas. Hasta 22.800 pudieron venderse

Una superación del aforo que la defensa de Flores piensa rebatir, pero que de comprobarse que existió (ya en el recuento inicial de las entradas que se hallaban en ocho cajas en un pabellón anexo al Madrid Arena se encontraron 16.781), pudo ser un factor determinante en esa avalancha mortal.

Y si se constata ese venta por encima de la capacidad permitida, la representación legal de Flores se empeñará en demostrar que no existió causa efecto con una tragedia que provocó una importante crisis de gobierno en el Ayuntamiento de la capital, regido entonces por Ana Botella (PP).

Muchas han sido las irregularidades que en estos tres años han ido saliendo a la luz de un pabellón que, sin duda, no reunía las condiciones de seguridad adecuadas. Irregularidades que, además, han tardado en subsanarse.

Ha sido y es así aún. Y por ello, algunos familiares de las víctimas, como la madre de Cristina de la Fuente, no han cesado de recoger firmas para exigir el cierre del pabellón.

Junto al promotor del evento, Miguel Ángel Flores, se sentarán en el banquillo responsables de seguridad de Madridec, la empresa municipal que explotaba el pabellón.

Lo harán también representantes de las empresas Seguriber y Kontrol 34, encargados, respectivamente, de la seguridad exterior y exterior del evento. Porque el juicio tratará de determinar también si, como se puso de manifiesto en la instrucción del caso, fallaron los controles en las entradas y la evacuación de los asistentes.

Acusados están también los médicos Simón y Carlos Viñals, padre e hijo y responsables del equipo sanitario contratado para el evento. El fiscal les reprocha que no fueran capaces de reconocer que al menos dos de las tres menores víctimas a las que atendieron estaban en parada cardiorrespiratoria, pero enseguida "diagnosticaron erróneamente que estaban fallecidas".

Flores será el primero en declarar, previsiblemente en la segunda o tercera jornada del juicio, que se inicia el martes con las cuestiones previas. Le seguirán los catorce acusados restantes hasta el 9 de febrero, en sesiones de mañana los martes, miércoles y viernes de cada semana.

Después se dará paso al visionado de los vídeos y a la declaración de más de un centenar de testigos, entre ellos familiares de las víctimas mortales, heridos, asistentes a la fiesta que resultaron ilesos y policías nacionales y municipales.

Otros testigos citados son algunos empleados de las empresas de seguridad Seguriber y Kontrol 34, miembros del Samur y trabajadores de Madridec, que comparecerán antes del turno de los peritos y las pruebas documentales. Se espera que el juicio quede visto para sentencia en mayo.