Los cuatro detenidos por el homicidio y detención ilegal del empresario granadillero Raimundo Toledo González a mediados de diciembre se negaron a declarar después de ser detenidos en un dispositivo conjunto de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía.

Según las fuentes consultadas, los acusados por este grave suceso hicieron uso de su derecho ante los investigadores y ante el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Granadilla de Abona.

El juez ordenó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza en base a las pruebas e indicios recabados por las fuerzas de seguridad durante aproximadamente dos semanas.

La "base de operaciones" para organizar el trabajo de investigación y centralizar las tareas de información para esclarecer este trágico hecho se desarrolló en el puesto principal de la Guardia Civil de Playa de las Américas.

Agentes de diferentes grupos del Instituto Armado y del Cuerpo Nacional de Policía colaboraron durante días para intentar identificar, localizar y atrapar a los implicados.

La primera detenida fue Sandra P.R., de 40 años y de nacionalidad cubana, que es la pareja de un sobrino de Raimundo Toledo.

Dicha mujer está acusada de los delitos de homicidio y detención ilegal; es decir, se le otorga un papel directo en los hechos.

Otro de los implicados fue Diego Claudio G.G., de 36 años, de padres argentinos y nacido en Australia. A este vecino de Los Bebederos-Cabo Blanco, se le buscó durante días por los lugares que frecuentaba. Finalmente, fue arrestado en Valle San Lorenzo, donde permanecía escondido.

Otro cubano de 29 años, Alexander R.R., que residió en El Fraile, fue apresado en la zona de Carabanchel, en Madrid, días después.

Ambos varones están acusados también de homicidio y detención ilegal. Con estos tres arrestos se consideró culminado el trabajo para atrapar a los presuntos autores principales del homicidio. Y, por último, fue arrestada Lisandra M.P., una veinteañera cubana, hija de la anterior detenida, a la que se considera encubridora del resto de implicados.

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Granadilla de Abona decretó recientemente el levantamiento del secreto de sumario sobre las actuaciones, según las diversas fuentes consultadas.