Ayer se celebró en La Palma un juicio contra un hombre de 51 años, originario de Tazacorte, que está procesado por un delito continuado de abuso sexual, de exhibicionismo y provocación sexual, contra la intimidad y la propia imagen y posesión de material pornográfico con intervención de menores.
La sesión se celebró por la Sección VI de la Audiencia Provincial y una de las víctimas fue una niña que tenía 7 años en el momento de los hechos. Otras afectadas fueron menores de edad que visitaban su vivienda en compañía de la hija del acusado.
En su declaración ante el Tribunal, reconoció los hechos y pidió perdón por el daño generado, según explicaron las fuentes consultadas.
El acusado se conformó con una pena de once años de prisión.
En el escrito inicial de acusación de la Fiscalía se afirma que el acusado, antes del 16 de mayo de 2014, se valió de la confianza que la menor y la familia de esta tenían depositada en él, porque era vecino del mismo edificio, para llevar a cabo los citados delitos de abusos sexuales continuados.
Supuestamente, cuando estaba a solas con la pequeña afectada, le tocó las partes íntimas a la pequeña por debajo de la ropa interior, sin introducción de objetos o miembros corporales. Según el fiscal, con idéntico ánimo de menoscabar la indemnidad y libertad sexual, le mostró fotos y vídeos de contenido pornográfico a la niña.
Además, presuntamente grabó imágenes de varias menores mientras se cambiaban de ropa, en la piscina y otras situaciones análogas en las que aparecían desnudas o con primeros planos de sus partes íntimas.
Al parecer, el varón de 51 años acusado en este asunto aprovechaba que su propia hija o las amigas de esta se hallaban confiadas en el cuarto de baño, dormitorios y la piscina en periodos estivales, según la Fiscalía.
En el escrito de Fiscalía se solicitó que el acusado indenmizara con 5.000 euros a los padres de la niña de 7 años que sufrió abusos sexuales.
Además, a las otras menores que fueron víctimas de las grabaciones por parte del hombre de 51 años, este deberá indemnizarlas con 1.000 euros a cada una de ellas, según la solicitud del fiscal.