La Audiencia Nacional ha dejado hoy visto para sentencia, tras casi tres meses de sesiones, el juicio a 21 supuestos miembros del clan de la Camorra "Nuvoletta", los cuales se enfrentan a una petición de la Fiscalía de diez años de prisión por asociación ilícita y blanqueo de capitales.

El Ministerio Público elevó a definitivas sus conclusiones la semana pasada, al considerar que tras la prueba practicada ha quedado acreditado que los procesados blanquearon dinero procedente de actividades ilícitas sobre todo el tráfico de drogas, mediante operaciones inmobiliarias y de hostelería en Tenerife, donde actuaban desde la década de los noventa.

Sin embargo, las defensas alegaron para pedir la absolución de los acusados que se trata de unos hechos ya juzgados en el proceso del clan Nuvoletta en Italia y que en España habrían prescrito por el tiempo transcurrido en "este juicio sin fin", además de no haber pruebas de delito.

Parte de las defensas que restaban por exponer sus conclusiones de la vista oral, han manifestado hoy su disconformidad con la valoración y la pena solicitada por el fiscal y han instado a la libre absolución de sus representados.

La abogada de la acusada Sheryl Rogers ha asegurado que su clienta es una "ama de casa sin ninguna actividad", y ha atribuido su procesamiento a la "relación extramatrimonial" que mantuvo con el ya fallecido Guissepe Felaco, quien según los investigadores fue el que dirigió las inversiones de los clanes camorristas en Canarias.

"Tiene dinero porque se lo ha currado, ha trabajado. No le ha llegado el dinero de Italia", es lo que ha alegado la defensa de Salvatore Sepe, quien ha manifestado que "no han quedado acreditados" los delitos que se le imputan a su cliente.

Haciendo uso de su derecho a la última palabra, otro de los acusados ha afirmado que es "ajeno" a toda la acusaciones vertidas sobre él y que ha trabajado toda su vida "para dar lo mejor a mi familia".

Los dos principales acusados del caso, Giuseppe Polverino, "O Barone", y Raffaele Spasiano, comparecieron en la vista por videoconferencia al encontrarse cumpliendo en Italia penas de veinte y doce años de prisión, respectivamente, y negaron ser capos de la Camorra en España.

Según los fiscales, en España el clan realizó a finales de la década de los 90 importantes inversiones inmobiliarias, entre ellas la construcción de un complejo turístico en Adeje, denominado Marina Palace, y estiman que por la venta de inmuebles de esta promoción los ingresos ascendieron a algo más de doce millones de euros.

Además, se dedicó al tráfico de drogas, sobre todo de hachís desde Marruecos pasando por España para distribuirlo en Italia, así como a las estafas y ajustes de cuentas y disputas con clanes rivales.