La titular del Juzgado de lo Penal número 3 de Santa Cruz de Tenerife condenó a los tres acusados de filtrar el historial clínico de Saida Prieto el día después de haber sufrido graves quemaduras durante la celebración de la Gala de la Elección de la Reina en el Carnaval de 2013. La jueza condena a J.E.P.N., administrativo del Hospital Universitario de Canarias (HUC), por descubrimiento y revelación de secretos; así como a Mario Iznaola Quintana y a José Bolorino Castro por revelación de secretos.

Las partes personadas -la Fiscalía, las acusaciones particulares y las defensas- llegaron a un acuerdo de conformidad, según la sentencia, a la que tuvo acceso ayer EL DÍA.

La jueza condena a dichas personas a abonar 5.000 euros, de forma conjunta y solidaria, a la perjudicada por la divulgación de dicha información sensible.

De conformidad con las partes, en la sentencia se declara probado que el procesado J.E.P.N., en la tarde del 7 de febrero, aprovechó su trabajo como administrativo del Hospital Universitario de Canarias (HUC) y que tenía las claves para acceder a toda la documentación médica existente en el centro para, sin consentimiento de su titular, entrar en el historial médico de Saida. Tomó una foto de la pantalla del ordenador, en donde aparecía el informe de evolución de la paciente Saida María, datos médicos de su salud y estado vital, así como la descripción pormenorizada de las zonas afectadas por las quemaduras.

A las 16:00 horas del día 7, según la sentencia, el administrativo del HUC se puso en contacto telefónico y a través de whatsapp con otro acusado, Iznaola Quintana, y le contó verbalmente el estado de la víctima y le pasó la foto del informe de evolución de Saida.

Ambos acusados, conscientes de que la información afectaba a la paciente y que se trataba de datos sobre la salud, acordaron comunicarle la misma información y archivo al tercer acusado, José Bolorino Castro.

Según la citada sentencia, Bolorino Castro, con conocimiento del origen de la información, sin autorización alguna de la paciente y para obtener rédito profesional, procedió a las 19:53 horas del 7 de febrero a publicar en las redes sociales el informe de manera literal.

Los hechos fueron denunciados por el entonces gerente del HUC, por el hermano de Saida (ambos, el mismo día de los hechos) y por la propia víctima el 3 de junio del 2013. La afectada, Saida Prieto, perdonó a los acusados el pasado 8 de junio. Respecto a J.E.P.N., la ofendida tuvo en cuenta que tiene dos hijos menores de edad y que la condena de cárcel que le pedían el fiscal y las acusaciones incluían cárcel (cuatro y tres años de prisión, respectivamente), lo que hubiera supuesto la pérdida de su puesto de trabajo en el HUC. En este centro se continuará ahora un expediente administrativo sobre el caso.

El fiscal también solicitaba 10.000 euros de indemnización por daños morales. Ante la posibilidad del acuerdo de conformidad entre las partes, modificó sus peticiones iniciales de condena. A la salida de la sala donde se celebró la vista, Saida y el administrativo del HUC lloraron y se abrazaron.

5.000 euros es la indemnización que los tres procesados deben abonar a Saida Prieto por los daños morales ocasionados, según la sentencia del Juzgado de lo Penal número 3 de Santa Cruz.