La Policía Nacional ha detenido a tres empresarios en la comunidad aragonesa por un delito de fraude en subvenciones públicas, ya que obtuvieron fondos en 2010 y 2011 para inversiones productivas pero desviaron más de 2,6 millones para cubrir gastos improductivos o particulares.

Fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Aragón informan en una nota que la cantidad defraudada, procedente de fondos de diversas administraciones (Ministerio de Industria, Instituto Aragonés de Fomento o Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón, entre otros), tenía como destino la reindustrialización de la provincia de Teruel.

Las investigaciones se iniciaron a instancias de la Fiscalía de Alcañiz (Teruel), a finales de 2015, en virtud de una primera denuncia de la Seguridad Social contra una empresa dedicada al desarrollo y producción de coches eléctricos que había recibido fondos de diferentes administraciones destinadas a la reindustrialización de la provincia de Teruel.

La empresa iba a instalar una fábrica de vehículos eléctricos en el Techno Park Motorland, para lo que recibió casi 1,8 millones de euros de dinero público, y aunque llegó a construir una nave, nunca produjo nada.

Al parecer, con este dinero el empresario aumentó de forma fraudulenta el capital de la empresa de los 3.000 a los 500.000 euros, mientras aportaba facturas justificativas de gastos a los entes públicos a los que solicitaba fondos.

Para conseguirlas, el empresario solicitaba pedidos voluminosos a empresas proveedoras para que éstas emitieran las correspondientes facturas, de tal forma que mostraba expectativas de negocio, y realizaba un abono que más tarde anulaba con diferentes excusas.

Aportó además facturas falsas de sociedades instrumentales creadas por él mismo, por 408.200 euros.

Parte de los fondos recibidos y desviados los utilizó para pagar viajes particulares, su hipoteca, las nóminas o cursos de formación, e incluso para hacer reintegros en efectivo.

La empresa fue inspeccionada por varias instituciones públicas (el IAF, los ministerios de Industria y Hacienda o el departamento de Industria del Gobierno de Aragón), que establecieron la obligatoriedad de devolver los fondos por no conseguir los objetivos y por fraude en las facturas, pero las reclamaciones no se llegaron a hacer efectivas.

El segundo detenido en este caso es un empresario que presentó un proyecto de fabricación de coches eléctricos que iba a instalarse en Ejea de los Caballeros (Zaragoza), para lo que recibió un préstamo de 311.500 euros del Ministerio de Industria.

La fábrica nunca llegó a instalarse en el municipio y los fondos fueron transferidos a cuentas personales del empresario, que los usó para saldar deudas de otras empresas en las que participaba.

El tercer detenido es un empresario que constituyó una sociedad para construir una fábrica de sistemas cibernéticos polivalentes, sector en el que no tenía experiencia ni conocimientos, en Andorra (Teruel), localidad en la que adquirió una parcela y llegó a iniciar las obras de la construcción de la nave.

El empresario eligió Andorra, explican desde la Policía Nacional, porque dos intermediarios le prometieron que conseguiría 600.000 euros de los fondos que el Ministerio de Industria destina a la reindustrialización de las provincias de Teruel, Cuenca y Soria, algo que efectivamente logró.

Una vez recibidos los fondos, creó diversas sociedades instrumentales que generaban facturas falsas que se aportaban a la administración como justificación de gastos.

De esta manera obtuvo reintegros en efectivo por 147.320 euros y realizó gastos particulares por casi 100.000 euros. También traspasó 250.000 euros a otras empresas de su propiedad en Madrid y a unos empresarios de Guadalajara que colaboraban con él.

Las investigaciones se han desarrollado por el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Jefatura Superior de Policía de Aragón.