Los dos acusados de haber causado la muerte a golpes y con una espada a varios cerdos de una granja de Fuente Álamo (Murcia) han aceptado hoy una pena de un año de prisión y tres de inhabilitación para trabajar con animales, pero no ingresarán en la cárcel.

Esta condena por un delito continuado de maltrato animal es la máxima que impone el Código Penal por este tipo de actos, quedando el ingreso en la cárcel en suspensión porque ninguno de los dos condenados, Antonio Jesús Jiménez Hernández y Juan Ismael Ricardo Rodas, tienen antecedentes penales, la pena es inferior a un año y no hay responsabilidad civil.

No obstante, la titular del Juzgado de lo Penal número 3 de Cartagena donde se ha celebrado la vista ha recordado a los dos extrabajadores de la explotación ganadera de El Escobar que, para evitar ir a la cárcel, no deberán delinquir en los próximos tres años y tendrán que someterse a un programa de sensibilización y protección animal.

La sentencia firme, que ha sido aceptada por las defensas y la Fiscalía, será recurrida en auto por parte de la acusación particular, ejercida por Igualdad Animal.

El abogado de esta ONG, Daniel Dorado, ha advertido que, aunque recoge la máxima pena posible, es "totalmente insuficiente" y demuestra la necesidad de reformar el Código Penal.

En este sentido, el director internacional de Igualdad Animal, Javier Moreno, ha incidido en que las leyes deben ser cambiadas para que los autores de los "actos más graves y sádicos" que se han realizado sobre animales vayan a la cárcel.

"Meterle una espada de ochenta centímetros medio centenar de veces a un cerdo no puede quedar impune", ha remarcado antes de cifrar en 70.000 las firmas que han recogido en los últimos días mediante una campaña en Internet para que los acusados ingresen en prisión.

Al respecto, Moreno ha enmarcado este delito en la situación general de la industria cárnica, en la que su organización ha documentado el "infierno" de las explotaciones ganaderas en España, donde el maltrato a los animales "no es un hecho puntual", ya que viven en condiciones "deplorables" y son sacrificados a golpes cuando están enfermos.

La intención de Igualdad Animal era que la jueza hubiera tenido en cuenta la jurisprudencia del caso juzgado en Palma en octubre de 2015, cuando Eugeni Sánchez ingresó en prisión al ser condenado a 8 meses de cárcel por matar a garrotazos a su caballo tras haber corrido mal una carrera en un hipódromo de Manacor.

Además de los dos condenados, está pendiente el juicio contra otros tres ex empleados de la granja porcina implicados en los hechos, ocurridos en 2012, que se celebrará cuando sean localizados por las autoridades judiciales.