La abogada del sospechoso de la desaparición del menor Yéremi Vargas, conocido como "El Rubio", ha afirmado hoy que existen pruebas objetivas que lo exculpan de haber violado en 2012 a un niño en su chabola, pero "se necesita una sentencia condenatoria por lo que viene detrás".

En la última sesión del juicio celebrado esta semana en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, que ha quedado visto para sentencia, la letrada Gloria Esther Rodríguez ha reclamado la absolución de su defendido, Antonio O.B., para el que la Fiscalía solicita una pena de 13 años de prisión por no tener "ninguna duda" de su autoría tras la prueba practicada.

Una prueba que para la letrada Rodríguez en "modo alguno ha desactivado el principio de presunción de inocencia", pues han sido "contundentes" los informes de la médica del Servicio Canario de la Salud y de los médicos forenses, que no apreciaron signos de penetración tras explorar al menor en 2012.

Así mismo, ha dicho que igual de contundentes han sido los dos informes de las psicólogas forenses, que señalaron que la versión del niño no era "cien por cien creíble", tanto en el primero emitido meses después de la denuncia como en el segundo, cuando se reabrió el caso y se culpó a su defendido, a quien cree que se quiere buscar un perfil de pederasta, porque, según ha precisado al concluir la vista, no tiene ni antecedentes ni denuncias al respecto.

Rodríguez ha expuesto ante el tribunal que los hechos juzgados son producto de la invención del menor, debido al ambiente hostil en el que ha vivido, en una familia desestructurada y disfuncional, y que se debe tener en cuenta la influencia que ha ejercido sobre el menor el caso de Yéremi Vargas, el niño que desapareció en 2007 de Vecindario, una localidad próxima a la de El Doctoral, donde supuestamente ocurrió esa violación y donde reside.

La letrada ha hecho hincapié en que el menor "nunca" identificó al acusado cuando se denunciaron los hechos en julio de 2012, sino a otro individuo, y que solo lo hizo cuando se reabrió la causa en 2014, y ha cuestionado el informe de las dos guardias civiles especialistas en abusos de menores que se desplazaron desde Madrid y que consideran veraz el relato del niño.

Un relato que está lleno de "incongruencias y mentiras" y que no se mantiene en el tiempo, según la letrada, algo que, por el contrario, para la fiscal "es creíble desde el principio hasta el fin", pues el niño sostiene a lo largo del tiempo el "núcleo" principal de su versión y que fue penetrado, al igual que su madre y abuela. "Eso no varia", ha dicho.

El menor, en todas las declaraciones que hace, 15 veces, refiere que hubo penetración, ha subrayado la fiscal.

La cual no duda de cómo sucedieron los hechos, tal y como los describe el menor, que dice que el acusado, cuando estaba jugando en el parque junto a su casa, le dijo que le regalaba una bicicleta si se iba con él, a lo cual accedió, aunque por el camino se arrepintió y ya no pudo huir porque lo agarró y lo llevó por la fuerza hasta su chabola, donde, tras sentarlo encima suya le penetró.

El niño, según la acusación pública, no duda del lugar donde ocurrieron los hechos ni de que Antonio O.B. fue su agresor y ninguno de los testigos que han declarado en el juicio ha apuntado a otra persona, ha sostenido, y ha opinado que la causa se sobreseyó de manera provisional por los errores que se pudieron cometer por la jueza de guardia que en su día recibió la denuncia inicial.

Así mismo, ha destacado que el caso se reabrió en 2014 por los nuevos indicios obtenidos por la Guardia Civil, y que el menor, en noviembre de ese año, cuando vuelve a declarar, "mantiene el núcleo de los hechos", y ha considerado fundamentales los testimonios de los tres testigos a los que les contó lo que le había pasado, que fueron los que pusieron los hechos en conocimiento de su familia.

La fiscal entiende que en el informe de las dos psicólogas forenses "todo son dudas", frente al que emiten las dos guardias civiles especializadas en analizar el comportamiento infantil, que además es mucho más completo, según ha afirmado.

Y ha destacado que el acusado se acogió a su derecho a no declarar para no responder a sus preguntas y explicar por qué acusó de estos hechos a otro individuo.

La versión del procesado durante la instrucción y la expuesta ante la sala a preguntas de su letrada "no se sostiene", según la fiscal, que entiende que "no existen otras pruebas para dudar del testimonio del menor".