Un botín de 340.000 euros fue el móvil del asesinato de una asesora del Consulado de Colombia en Barcelona, ideado por su compañero sentimental que adeudaba 40.000 euros a la víctima y, además, era el único conocedor de que esta guardaba 300.000 euros en metálico en su domicilio barcelonés.
María Eugenia Hidalgo Tovar, de nacionalidad hispano colombiana, cuyo cadáver apareció en junio del año pasado en Cali (Colombia), mantenía una relación sentimental desde octubre de 2014 con un colombiano, Miguel Mauricio, dueño de un negocio legal de compraventa y lavado de coches en Barcelona que atravesaba una situación económica muy precaria.
Por este crimen, se realizaron cuatro detenciones -dos en Barcelona y dos en Colombia- el pasado martes por la mañana, de forma simultánea, gracias a la intensa cooperación entre los investigadores españoles y colombianos, según detalló ayer en rueda de prensa la Policía Nacional.
Los dos presuntos autores intelectuales, detenidos en Barcelona y en Hospitalet de Llobregat, son el amante de la víctima y un socio suyo en el negocio de lavado de coches, el cual convenció a María Eugenia a viajar a Santiago de Cali con el pretexto de asesorar a unos familiares suyos en la tramitación de visados. Durante ese viaje a Colombia María Eugenia fue asesinada.
Inicialmente, Miguel Mauricio trató de convencer a la hermana de María Eugenia de que esta habría sido secuestrada y que no debía avisar a la policía de su desaparición. Sin embargo, no se produjo ninguna petición de rescate y, casi un mes después de desaparecer, su cuerpo apareció sumergido en cal viva.
Los primeros detenidos fueron dos cómplices colombianos, en concreto la persona que envió el billete para que la víctima volara de Bogotá a Cali para realizar el asesoramiento, y el taxista que la recogió en el aeropuerto.
Los dos autores materiales de la muerte por asfixia -arrestados esta semana en Colombia- son sicarios vinculados al narcotráfico y durante la operación se les incautó un kilo de cocaína.
Los dos autores intelectuales, colombianos detenidos en España a petición de Interpol, no confesaron el crimen, según el inspector jefe de la Policía Nacional Alberto Carba, que además detalló que la procedencia patrimonial de los 300.000 euros que la víctima guardaba en su domicilio barcelonés "no está acreditada".