La mujer de 40 años cuyos hijos, de 5, 10 y 11 años, vivieron varios días con su cadáver en el piso de Palma donde residían rechazaba las ayudas de los servicios sociales, que habían detectado las necesidades de la familia y seguían el caso.
"Cuando una familia no acepta una relación de ayuda es difícil hacer trabajo con ella (...). Esto no es ninguna excusa, es una explicación", ha asegurado hoy la consellera de Servicios Sociales, Fina Santiago.
La consellera ha indicado que "desde hacía meses se habían activado los sistemas de protección" respecto a los tres menores y la mujer, que ayer fue encontrada muerta en su vivienda después de que uno de los niños avisara a un jardinero municipal de que su madre llevaba tiempo inmóvil en la cama y que él y sus hermanos tenían hambre.
El caso era conocido por los servicios sociales comunitarios, el departamento de protección de menores del Consell de Mallorca y la Policía Local de Palma, e "incluso se habían puesto en contacto con líderes religiosos que esta familia frecuentaba", ha indicado Santiago, que también ha señalado que la administración educativa estaba al corriente de su precariedad pero ha eludido detallar si los niños asistían al colegio.
"Estamos ante un problema complejo", porque la familia no tenía respaldo de parientes próximos ni de "ningún tipo de red social", el padre es "un progenitor ausente" y la madre "tenía una conducta de evitación de los servicios públicos", ha argumentado.
No obstante, Santiago ha incidido en que el caso pone de manifiesto que no existen recursos preventivos suficientes para "detectar problemática silenciada", y que los servicios sociales solo alcanzan a atender la "demanda que se expresa".
Respecto al futuro de los niños, ingresados desde ayer en el hospital Son Espases de Palma, la consellera ha recordado que están bajo la protección del Consell de Mallorca, competente en materia de menores, que en primer lugar busca al padre y, en caso de que no pueda hacerse cargo de sus hijos, llevará a cabo el proceso habitual tras alojarlos en un centro especializado.
Para Santiago, lo ocurrido es "una situación impropia del siglo XXI en un país desarrollado", que pone de manifiesto las carencias del sistema de protección social aunque sea un caso que se había "detectado" por parte de los servicios públicos.