J.A.L.R. fue condenado por la Audiencia Provincial a tres años de cárcel por administración desleal, a otro más por falsedad contable y a devolver 283.500 euros a una constructora de La Palma. La Sala cree probado que el acusado, como presidente del Consejo de Administración de la entidad, dedicada a construir seis viviendas en El Paso y otra promoción en Breña Alta, falsificó documentos para apropiarse del dinero. Dicha sociedad recibió un crédito bancario de 317.000 euros y otro más de 941.000 euros por un banco diferente, que permitió cancelar el primer préstamo.

Los hechos ocurrieron entre septiembre de 2005 y enero de 2007, cuando el procesado se aprovechó de la autorización que tenía para usar líneas de crédito y se apropió del dinero, que ahora tiene que devolver. La sustracción dio lugar a que la promotora tuviera muchos problemas para edificar las viviendas en El Paso y solo hizo trabajos de desmonte previos en Breña Alta.

El resultado fue que se sumaron deudas con otras empresas por 56.000 euros y otros 60.000 de los préstamos hipotecarios. Al final, un accionista asumió estos cargos haciéndose con la propiedad de las viviendas y del solar, aunque tuvo que solicitar financiación con garantía hipotecaria.

La sentencia cree probado que J.A.L.R. se negó a facilitar cualquier tipo de información contable a los otros socios, que no podían acceder al programa informático por no tener las contraseñas. Los denunciantes tuvieron que recurrir a un notario para poder ver las cuentas.

Por último, el condenado presentó en el Registro Mercantil de La Palma los documentos requeridos e hizo constar que fueron aprobados en una Junta General de Accionistas, que nunca se celebró. La Sala determina que los resultados de los ejercicios 2005 y 2006 adolecían de severas deficiencias y no reflejaban la realidad económica de la empresa, como demostraron los informes periciales. El empresario condenado constituyó la sociedad en junio de 2005 con otros tres socios y se acordó que ocupase la Presidencia del Consejo, donde estuvo hasta inicios de 2007. Los informes periciales apuntan que hubo muchos pagos de la entidad sin justificar, en cuanto a causa y destino, por 320.157euros, por un lado, y 283.270, por otro. Esta última cifra es la que la Sala da por buena. En su momento se adoptó el acuerdo de que el acusado era la única persona autorizada para usar esta línea de crédito y podía disponer de fondos, siempre y cuando no superaran los 6.000 euros. Pero logró la firma de otro socio, lo que le permitió manejar libremente estas cantidades, aunque, al parecer, ya lo había hecho con anterioridad y sin permiso.

El acusado intervino en el juicio por videoconferencia, ya que reside en Cuenca, y dijo que nunca fue destituido, sino que dimitió. Aseguró que no tiene constancia de la petición de créditos y que su trabajo se limitó a que, cuando el banco pagaba, remitía el dinero a donde se había acordado. Negó que hubiese reconocido delante de los socios que dispuso de 130.000 euros y dijo que desconocía el informe elaborado por peritos en el que se refleja que se hizo con 300.000 euros. También rechazó que hubiese imitado las firmas de los miembros del Consejo en el acta de una sesión de 2006.

"No sé qué quiere esta gente"

"Nadie se preocupaba por la sociedad y nunca me negué a dar información. Además de que el sistema informático no tenía ningún tipo de contraseña y que todos podían acceder a la cuenta bancaria. No sé qué quiere esta gente ahora", declaró el acusado. Otro socio de la constructora dijo que en 2006 viajó de Barcelona a La Palma ante las sospechas de que parte del dinero estaba siendo sustraído.