Amnistía Internacional ha denunciado el "laberinto" que deben superar las víctimas de la violencia de género para acceder a viviendas sociales seguras, sobre todo en Madrid, donde en 2016 se le denegó este derecho a la mitad de las mujeres que lo pidieron por no haber orden de alejamiento.
Lo hace en el informe "La crisis de vivienda no ha terminado. El derecho a la vivienda y el impacto de los desahucios de viviendas en alquiler sobre las mujeres en España" donde analiza las consecuencias que la liberalización y la flexibilización de los desalojos.
Y es que con una tasa de desempleo femenino del 20,3%, el "desproporcionado" número de mujeres que trabajan a tiempo parcial, junto al hecho de que el 83% de las familias son monoparentales de madre, la organización concluye que ellas "están más expuestas a sufrir" un desahucio por impago del alquiler.