La Fiscalía pide para Scott V.S., autor confeso del fuego que tuvo lugar en La Palma en agosto de 2016, tres años y medio de prisión y el pago de 1,8 millones al Cabildo palmero. El joven está acusado de un delito de incendio forestal con peligro para la vida e integridad de las personas por imprudencia grave. A dicha cantidad habrá que sumarle las indemnizaciones a los afectados por el fuego; a las administraciones y entidades encargadas de la extinción, y a los ayuntamientos de El Paso, Los Llanos, Mazo y Fuencaliente.
Otro tanto ocurre con la familia del agente de Medio Ambiente que falleció en el incendio. Por este caso hay abiertas diligencias previas en el Juzgado de Los Llanos por un supuesto delito de siniestralidad laboral ante la posible ausencia de las debidas medidas de prevención. El juicio tendrá lugar hoy en la Audiencia Provincial y el acusado intervendrá por videoconferencia, dado que está en la prisión de La Palma.
La Fiscalía apunta que Soctt V.S., "con total desprecio a las más elementales normas de seguridad y cautela", dada la época del año en la que existía un peligro alto de incendio, quemó papel higiénico en una letrina artesanal que hizo de forma precaria junto a la casa abandonada en la que vivía desde hacía tres meses en El Paso. Aquel 3 de agosto la situación meteorológica registraba una temperatura ambiental de 23 grados centígrados y vientos de 20 kilómetros por hora. Y el acusado abandonó el lugar sin comprobar que el fuego se había extinguido totalmente. En los siguientes días las llamas calcinaron casi 5.000 hectáreas, la mayoría de masa forestal en El Paso, Los Llanos de Aridane, Mazo y Fuencaliente. Tuvieron que ser evacuadas y desalojadas alrededor de 3.000 personas de Jedey y San Nicolás, en El Paso; Las Indias, Quemados y Los Canarios, en Fuencaliente, y Montes de Luna y Tigalate, en Mazo. Resultaron quemadas 808 hectáreas del Paisaje Protegido de Tamanca y 3.500 del Parque Natural de Cumbre Vieja. De esta cifra, 3.700 se corresponde a pinar canario.
El fuego quedó estabilizado el 8 de agosto y se declaró extinguido el 13 de octubre. La Fiscalía resalta que en las complicadas labores intervinieron varias administraciones y organismos con medios personales, terrestres y aéreos lo que generó un elevado coste. La Comunidad Autónoma aportó efectivos del Parque Nacional de la Caldera, el Grupo de Emergencias y Salvamento, el Cuerpo General de la Policía Canaria, el Servicio de Urgencias Canario (SUC), Grafcan, el Servicio Canario de Salud (SCS) y el 1-1-2. El Cabildo palmero contribuyó con el Servicio de Medio Ambiente, el Cecopin, Tragsa y los bomberos, a la vez que las instituciones insulares de Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, El Hierro y Lanzarote también colaboraron en esta labor. Hizo lo propio el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, la UME, la Guardia Civil, la Agencia Meteorológica, la Autoridad Portuaria y el aeropuerto. Otro tanto ocurrió con la policía local de Los Llanos, El Paso, Fuencaliente, Mazo, Santa Cruz de La Palma, Breña Alta, Breña Baja y los voluntarios de protección civil, Cruz Roja y Alfa Tango.
El incendio afectó terrenos del Cabildo y propiedades particulares, para cuya valoración se abrieron las correspondientes piezas de responsabilidad civil. Pero sobretodo destaca la muerte del operario por asfixia y quemaduras.
Es un indigente e insolvente
El procesado por el incendio forestal reconoció los hechos desde un primer momento ante los agentes que primero se personaron en el lugar de los hechos y luego en el juzgado y colaboró con la reconstrucción de lo sucedido. Todo ello permitió la rápida determinación del origen del incendio y su autoría. El procesado carece de bienes o ingresos económicos, hasta el punto de estar en una situación de indigencia e insolvencia económica absoluta, según consta en el escrito del Ministerio Público.