Hace casi 16 años que ocurrió el asesinato de Urbana Ramos Plasencia, una vecina de Fonsalía, en la costa de Guía de Isora, que fue apuñalada y golpeada hasta la muerte. Tras un tortuoso y complejo recorrido judicial en los últimos años, ahora existe una novedad en la investigación. El director del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses en Canarias, José Antonio Cuellas, ha solicitado que se tomen muestras de ADN al viudo de la víctima.

El objetivo de esta solicitud es poder comparar dichas muestras genéticas con el perfil de un varón que apareció en el dedo de un guante hallado en su momento en el coche de la víctima, donde ocurrió toda o buena parte de la brutal agresión que acabó con la vida de la trabajadora de la cafetería de una gasolinera situada cerca de Marazul (Adeje).

En la documentación a la que ha tenido acceso EL DÍA se afirma por parte del director de la Delegación en Canarias del Instituto Nacional de Toxicología que "se han podido obtener perfiles genéticos relativamente completos", en el que, además del de la víctima, aparece "ADN de origen masculino".

José Antonio Cuellas señala en el informe remitido al Juzgado de Primera Instancia número 2 de Arona, que lleva el caso, que, "siendo este el principal hallazgo obtenido en el estudio hasta la fecha, es necesario recibir la muestra indubitada" del ADN del viudo de Urbana Ramos.

Este avance en la investigación se produce después de varios años de trabajo por parte de la familia de la víctima y del criminólogo Félix Ríos, que han solicitado varias veces la reapertura judicial del asunto y han insistido en que, más de una década después, existen nuevos métodos de análisis genético de las pruebas halladas en el escenario de cualquier muerte violenta, como es el caso de Urbana.

Cabe recordar que el pasado mes de enero, el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Arona decidió la reapertura de este asunto. Hasta ahora, más de tres lustros después, ninguna persona ha sido puesta a disposición judicial acusada de la muerte de la vecina de Fonsalía. Estos últimos movimientos fueron posibles gracias a profesionales del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Playa de las Américas, que en enero del presente año enviaron al Juzgado un oficio. En dicho texto se dice que, como "se conoce que pudieran existir nuevas técnicas de investigación que permitan un nuevo procesamiento y análisis más preciso de los indicios que aún se conservan (...)", los agentes piden a la autoridad judicial que confirme que se conservan en el archivo del juzgado los indicios (...) y que se emita mandamiento judicial al Instituto de Toxicología para que realice los estudios genéticos necesarios que permitan llevar a la identificación de las personas que pudieran estar vinculadas al crimen.

Alegación del representante del marido

El marido de Urbana Ramos Plasencia llegó a ser investigado por la Guardia Civil para determinar si estuvo implicado en el asesinato, pero los investigadores nunca llegaron a probar su implicación en los hechos. Por aquella época la pareja estaba en fase de separación. Tras el hallazgo de un perfil genético masculino en un dedo de un guante encontrado en el Renault Megane de la fallecida, la autoridad judicial solicitó a dicho hombre si desea prestar voluntariamente su ADN para colaborar en la investigación del suceso. Cabe recordar que, en el supuesto de que la respuesta sea negativa, el juzgado tiene potestad para exigir que se le tomen muestras de forma obligatoria. La representación judicial del viudo de Urbana presentó una alegación a finales del mes pasado en el que expone sus reservas a dicha medida. Entre otras cosas, se asegura que "mi representado ya prestó su consentimiento, sin condicionamiento alguno, para que le fueran extraídas las muestras biológicas necesarias para obtener su cadena de ADN, por lo que somos incapaces de comprender este nuevo requerimiento efectuado por el juzgado". Esta parte señala que, en la instrucción, se "han aportado pruebas que, objetivamente, carecen de la más mínima validez y se habrían obtenido al margen de toda garantía y control judicial". Y se añade que "el lugar y la forma en que habrían sido halladas son, per se, más que cuestionables"; es decir, que "las razones por las que se justifica esta negativa a esta medida están sobradamente justificadas". En el escrito de alegación se afirma por parte del representante del marido de Urbana que "en la causa constan unidos informes que contienen afirmaciones, suposiciones y argumentos absolutamente subjetivos y tendenciosos". Y señala que, si las muestras analizadas de nuevo corresponden a las encontradas en la ropa o el coche de la víctima, estas no podrán aportar ninguna luz al proceso, porque el marido convivía con la mujer y sus dos hijos.

Obligación de colaborar

La parte que representa a la familia de Urbana considera que el marido de la víctima tiene la obligación de colaborar con la Justicia y someterse a cuantas extracciones de muestras de ADN, testimonios o cualquier otra gestión sean necesarios para el esclarecimiento del "cruel asesinato" de su esposa, "que pensaba formalizar el divorcio" el día en que fue cometido el delito. La representación de los familiares directos de la fallecida indican que los responsables del Instituto Nacional de Toxicología tendrán su motivación científica para pedir una nueva muestra a la autoridad judicial.

Un proceso con garantías

Los representantes de los hijos de Urbana Ramos señalan que "no entendemos las afirmaciones gratuitas y poco concretas" de la parte contraria al asegurar que hay "pruebas que objetivamente carecen de la más mínima validez". En esa línea, apuntan que el procedimiento, a pesar de que no ha dado resultados positivos hasta el momento, ha sido llevado con las garantías procesales pertinentes, cumpliendo las cadenas de custodia de pruebas previstas por la legislación, a la vez que la Policía Judicial ha velado por la objetividad y la transparencia legal.

El coche fue registrado

El hallazgo de un dedo de un guante con restos genéticos de la víctima y un hombre "es más que significativo" para los representantes de los familiares directos de la mujer asesinada. Para ello, señalan que en el informe de la inspección ocular efectuado por los investigadores de la Guardia Civil en su momento se asegura que el coche fue registrado a fondo por el asesino. Según esta parte, en el asiento trasero del vehículo estaba el sobre con documentación relativa a la separación de Urbana y su marido.

No compartían el coche

Los portavoces de los familiares directos de la asesinada comentan que, como quedará claro en el momento procesal oportuno, Urbana y su marido no compartían el uso del automóvil de la víctima, "evitando esta cualquier contacto con él, salvo los imprescindibles por motivo de pernoctar en la misma casa". Dicha parte señala que, ante dichas circunstancias, "no estaría justificado el encontrar cabellos" del marido de la fallecida en el vehículo. Sobre una huella hallada en un cristal exterior del coche de la fallecida que apuntaría a la autoría de una persona que vive fuera de la Isla, los portavoces de la familia de Urbana dicen que "se pudo producir un error en la formulación de la huella por parte de la Guardia Civil y se trataría de una huella exterior sin importancia inculpatoria".