La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife solicita penas de cuatro años de prisión para J.L.P.R. y G.A.P.B. y dos para G.A.C. por considerarlos responsables de un delito continuado de estafa cuyo montante ascendió a casi 185.000 euros. Los acusados eran técnicos instaladores de telefonía y desde finales de 2009 acordaron contratar líneas de tarificación adicional con varios operadores, cuyo coste revertía en clientes que no habían dado su consentimiento ni conocían su involucración en los hechos.

Con este fin, según la calificación del Ministerio Público, los procesados utilizaban tarjetas que permitían el acceso a las centrales de telefonía, de las que disponían por razón de su trabajo y sin que la empresa adoptara medidas para evitar su uso fuera de horario laboral.

El fiscal considera probado que a nombre de G.A. y a lo largo de 2010, los acusados accedieron en varias ocasiones a centrales situadas en San Miguel de Abona, Adeje, La Laguna y Santa Cruz.

Una vez en ellas, conectaban micros a las líneas de diferentes clientes elegidos al azar y llevaban a cabo las llamadas a líneas de tarificación adicional que tenían contratadas.

Los acusados contestaban a las mismas por medio de dispositivos móviles, comprados al efecto, procurando que las conexiones fueran de corta duración para evitar levantar sospechas. De esta manera se lograba que las líneas de los clientes elegidos llamaran a los números de tarificación adicional, generando beneficios para los procesados, que ascendieron a casi 165.000 euros.

El Ministerio Público relata que G.A. continuó llevando a cabo estas operaciones en solitario durante 2011 y hasta finales de 2012, sin que la empresa hiciera nada para impedirlo. Incluso llegó a contratar nuevas líneas de tarificación adicional y siguió con el mismo procedimiento.

Una vez que dejó de trabajar con compañías relacionadas con este sector, contactó con G.A.C. para continuar con la trama, aunque este último nunca llegó a obtener beneficio económico alguno.

Además, la Fiscalía apunta que J.L.P.R. contrató cuatro líneas de tarificación adicional desde 2012 hasta mayo y con otra hasta septiembre de ese mismo año. En este caso el perjuicio ocasionado ascendió a algo más de 20.000 euros.

En estos momentos, la compañía telefónica devolvió a sus clientes las cantidades indebidamente facturadas y se personó reclamando que se le compense por los gastos a los que tuvo que hacer frente.