Las operaciones policiales Azufre y Azufre Sur se iniciaron en 2012 cuando la guardia civil de La Victoria de Acentejo detectó un inusual incremento en el consumo y venta de cocaína. Las investigaciones derivaron hacia dos grupos formados por un total de 23 personas que se dedicaban al tráfico de esta sustancia entre Barcelona y Tenerife. La Fiscalía solicita para todos ellos penas de cárcel que suman 175 años y multas de más de dos millones y medio de euros.

Por videoconferencia intervino el brigada del Instituto Armado que en aquellos momentos se hizo cargo de la operación. La amplitud de la trama dio lugar a que se dividiera en distintas ramas, la más importante operaba en el Sur de Tenerife, donde se llegó a incautar medio kilo de cocaína. Entonces saltaron las alarmas de que se estaba ante una red perfectamente organizada que movía grandes cantidades de dinero y estupefaciente. La mayor parte de las detenciones se llevaron a cabo a través de la interceptación de llamadas que, según defendió el citado mando, siempre fueron autorizadas por el juez. Relató que la droga llegaba de Ecuador y Colombia a Barcelona y, desde aquí, se dirigía a Tenerife a través de métodos habituales, como su ocultación en dobles fondos de vehículos, con correos humanos o impregnada en ropa. El juicio se inició con la petición de los abogados de la defensa de que fuera suspendido por los supuestos errores cometidos a lo largo del procedimiento. Las denuncias se centraron, sobre todo, en las intervenciones telefónicas, que, para algunos letrados, no cumplieron con los requisitos legales establecidos. Una de las abogadas dijo que su cliente fue detenido en Holanda sin contar con asesoramiento legal y pidió la nulidad de algunos de los registros llevados a cabo.

Otro letrado apuntó que no había visto nunca tantos "disparates" en una investigación, como procesar a determinadas personas por aparecer en una agenda. Igualmente, criticó lo que calificó como "continuos abusos en las prórrogas del secreto de sumario" y aseguró que se vulneró el derecho al secreto de conversaciones. En su intervención, la Fiscalía intentó desmontar estos argumentos, aunque el juez dejó claro que será cuando se dicte sentencia el momento en el que quedarán aclaradas todas las dudas. Defendió el modo en el que se llevaron a cabo las escuchas policiales y señaló que el aumento de consumo y venta de estupefacientes en aquella época era un hecho objetivo que justificaba el inicio de las investigaciones.

La Audiencia Provincial continuará este juicio hoy y mañana, para retomarlo luego los días del 12 al 15 y del 19 al 23 de este mes.