La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife condenó al abogado E.H.M. por un delito de estafa a un año y medio de prisión, tiempo durante el cual tampoco podrá ejercer su profesión. Al letrado se le acusa de haber contactado en 2009 con un preso que cumplía una pena de siete años de cárcel por robo con violencia y ofrecerle la posibilidad de presentar un recurso de revisión ante el Tribunal Supremo (TS) a cambio del pago de 6.000 euros. Cantidad esta última que también deberá devolver en caso de que finalmente la sentencia sea firme.

Pese a recibir el dinero de la madre del reo, lo cierto es que jamás se llegó a presentar la apelación y el letrado se desentendió de prestar cualquier tipo de asesoramiento jurídico.

El procesado se limitó a pedir el indulto y una suspensión de la pena, pero únicamente un día antes de que la madre interpusiera una queja formal en el colegio de abogados de Tenerife "y cuando las relaciones entre las partes se habían deteriorado notablemente".

Todo ello después de varios intentos de ponerse en contacto con este letrado y con su compañera, C.R.C., que finalmente quedó absuelta.

En principio, ambos eran acusados también de una apropiación indebida, delito que se descartó.

La Audiencia Provincial da por probado que efectivamente se entregó este dinero repartido en dos ocasiones, después de haberlo extraído del banco.

Durante el juicio declaró un testigo que corroboró que estuvo presente en la última entrega y quien pese a negar en principio que conociera a la denunciante, luego resultó probado que en realidad era su suegra.

A cambio, el letrado le entregó un recibo que este asegura que jamás firmó, de manera que atribuye a una falsificación la rúbrica que allí aparece, tanto la de él como la de su compañera de bufete.

Argumento que la Sala considera que no es creíble y que se une al cúmulo de circunstancias que, según la sentencia, vienen a ratificar el engaño al que fue sometida la denunciante.

El fallo da por probado que efectivamente ambos abogados contactaron con el preso y le ofrecieron sus servicios y que incluso exageraron las posibilidades de excarcelación, cuando apenas existían posibilidades de que prosperaran los recursos.

Pero de resto se exculpa a C.R.C. de lo ocurrido al considerar que nunca llegó a contactar directamente con la denunciante.

Incluso la letrada aseguró que en una ocasión el abogado condenado la encerró en el coche para que no pudiera conocerla. C.R.C. jamás llegó a recibir dinero alguno, con lo cual se sospecha que también fue engañada por su compañero de despacho, según figura en la sentencia sobre este caso.

400 euros

Según la sentencia, toda la responsabilidad recaería en E.H.M., que fue quien recibió los cobros, extendió recibos, "y, lo que es más relevante, asume estas cantidades sin tener intención alguna de prestar y asumir los servicios, en cierta medida inviables". La labor que realmente prestó apenas tiene un coste de 400 euros y se llevaron a cabo cuando la denunciante anuncia que va a poner el hecho en conocimiento del Colegio de Abogados.