La Audiencia Provincial de Tenerife condenó a dos subcontratas de Telefónica a asumir como responsables civiles subsidiarias los gastos por una estafa que consistió en la contratación por tres técnicos suyos de líneas 807 de tarificación adicional con varios operadores. El coste de estas llamadas, muy superior al habitual, revertía luego en clientes que no habían dado su consentimiento ni conocían su implicación en los hechos. La estafa se llevó a cabo desde principios de 2010 hasta finales de 2012 y supuso un montante que la Fiscalía cuantificó en 185.000 euros. Todo ello derivó de la realización de casi 43.800 conexiones por 17 líneas que cargaron a las cuentas de 38.000 clientes.

La Audiencia condena a José Luis P.R., Gilberto Alejandro P.P. y a Giorgio A.C., a dos años de prisión, a pagar cinco euros diarios durante seis meses y los considera responsables directos del abono de las cantidades defraudadas.

La entrada en la cárcel quedó suspendida si no incurren en ningún otro delito durante los próximos tres años y devuelven el dinero estafado. En el juicio quedó probado que accedieron repetidamente a distintas centralitas de Telefónica para generar fraudulentamente llamadas al número 807 que habían contratado cada uno a su propio nombre. De esta manera se daba "la apariencia de prestación de servicios de tarificación adicional por los que los condenados obtenían ingresos que les eran abonados por estos operadores".

En la sentencia, que no es firme, se considera probado que para realizar las llamadas los trabajadores aprovechaban los conocimientos y medios que disponían por su condición de técnicos de subcontratas encargadas del mantenimiento de líneas y redes. Los operarios accedían a las centrales empleando llaves y otros sistemas que se les habían entregado para llevar a cabo sus funciones. Una vez en su interior, manipulaban las líneas de distintos abonados y lanzaban llamadas masivamente al 807, "engañando así a los sistemas de cómputo y facturación de Telefónica y cargando el importe a los clientes".

Esta técnica, que es calificada de "sofisticada" por la Sala, tenía por finalidad dificultar su detección por parte de la compañía. Y es que el tráfico no se dirigía a una sola línea 807 sino que se llegaron a usar 17 distintas que no se habían contratado con un solo operador sino con siete distintos.