El juicio por el caso Azufre Sur, sobre una trama de tráfico de cocaína en el Sur de Tenerife, enfiló el miércoles su recta final con la exposición por la Fiscalía de sus conclusiones definitivas. Tras ocho días de juicio, el Ministerio Público mantuvo su escrito inicial con peticiones de penas que suman 170 años de cárcel y multas de más de dos millones. De los 23 acusados iniciales, la única variación se refiere a M.F.Q.S., que queda libre de cargos, al considerarlo así el fiscal.
Los abogados de todos los procesados piden la absolución, aunque en caso de que se confirmen las condenas solicitan tener en cuenta como atenuante las dilaciones indebidas muy cualificadas, ya que han transcurrido seis años desde que se iniciaron las investigaciones y tuvieron lugar las primeras detenciones. El fiscal estima que se está ante un procedimiento judicial "muy complicado, complejo y largo" en el que admitió que hubo "su más y sus menos". Pero descarta que se hayan vulnerados los derechos fundamentales hasta el punto de implicar la nulidad de la causa, como denuncian las defensas. "Estamos ante un delito protagonizado por una banda que se dedicaba al crimen organizado", sentenció. Para llegar a esta conclusión defendió la legalidad de las 220 intervenciones telefónicas llevadas a cabo en este tiempo, que fueron muy cuestionadas por los abogados defensores. Para demostrarlo, el lunes se escucharon 60 conversaciones cuyo contenido podía ser relevante para sustentar las acusaciones.
Considera la Fiscalía que, pese al número de procesados y el voluminoso sumario, compuesto de más de 7.000 folios en 25 tomos, en realidad tan solo se está frente "a la punta del iceberg". Por ello, descarta que se pueda tener en cuenta las dilaciones indebidas, dada la aparatosidad de la causa, que supuso, por ejemplo, que se tuvieran que hacer investigaciones en lugares como Barcelona y Tenerife. El pasado martes, todos los acusados se negaron a responder a las preguntas del Ministerio Público, lo que para este supone una prueba más de culpabilidad. Apuntó la existencia de un grupo de abogados que tenían una implicación "directísima" en la trama al dedicarse a asesorar a los presuntos delincuentes sobre lo que debían responder en caso de ser detenidos. No obstante, eludió concretar si alguno de estos letrados estaba en la sala. "Aquí se ha visto mucha ficción, mucha novela". Las operaciones Azufre y Azufre Sur se iniciaron en 2011 y derivaron en la identificación de dos grupos formados por 23 personas que supuestamente se dedicaban al tráfico de cocaína en Barcelona y Tenerife.
La mayor parte de las detenciones se hizo tras interceptar llamadas telefónicas que, según defendió el guardia civil, siempre fueron autorizadas por el juez.
De Ecuador a la Isla
Los abogados defensores intentaron suspender el juicio al considerar que las intervenciones telefónicas no cumplieron con todos los requisitos legales. Un aspecto que se decidirá cuando se dicte sentencia. Las investigaciones apuntaron a que la droga llegaba de Ecuador y Colombia a Barcelona, desde donde se dirigía a Tenerife, a través de métodos como los dobles fondos en vehículos, con correos humanos o impregnada en ropa.