El abogado del propietario de Stratvs, Juan Francisco Rosa, ha defendido hoy que "no hay ni una sola prueba objetiva" de su que su cliente influyera sobre el Ayuntamiento de Yaiza (Lanzarote) para conseguir que le concedieran la licencia de actividad a la bodega, pese a sus irregularidades.
La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dejado esta tarde visto para sentencia en Arrecife el primero de los dos juicios derivados de la construcción de la bodega Stratvs en La Geria, el que se centra en la licencia en la que intervino la entonces edil de Yaiza Gladys Acuña, que en la actualidad es aforada debido a su condición de diputada autonómica.
En su informe final, el abogado de Rosa, que se enfrenta a una solicitud de condena por parte de la Fiscalía de un año y medio de cárcel por tráfico de influencias e inducción a la prevaricación, ha subrayado que ha "echado de menos" estos días que las acusaciones abordaran los hechos concretos que se imputan a su cliente, en lugar de intentar plantearle "un juicio global"
"Incluso el Ministerio Fiscal se permite la licencia de traer a colación el ''caso Yate'', un asunto en el que informó a favor del sobreseimiento de los cargos contra el señor Rosa por ausencia de indicios racionales de criminalidad", ha alegado el letrado José Antonio Choclán Montalvo.
Por ello, según la defensa, el fiscal no puede derivar "ninguna consecuencia negativa" contra Rosa de ese caso, que se saldó hace unas semanas con condenas de cárcel para el exalcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, por aceptar sobornos a cambio de dar licencias ilegales que permitieron construir varios hoteles en Playa Blanca.
Choclán Montalvo ha argumentado, además, que los delitos que se imputan al dueño de Stratvs en este juicio han prescrito.
Y sostiene que, "para colmo", el supuesto tráfico de influencias se basa en una "interpretación" de las llamadas interceptadas entre Juan Francisco Rosa y el entonces concejal de Urbanismo de Yaiza, Leonardo Rodríguez, también acusado en este proceso.
"Pero no hay ni una sola prueba objetiva que acredite que Leonardo cambiara su voto el día de la Junta de Gobierno por la influencia de Rosa", ha opinado el letrado.
Por su parte, la letrada de la acusación particular, Irma Ferrer, ha defendido en sus conclusiones que el empresario Juan Francisco Rosa construyó Stratvs gracias a un "engaño continuado".
Sin embargo, también se ha preguntado "cómo es posible" que abriera un complejo turístico como era la bodega (con tienda y restaurante) "en el corazón de un espacio protegido", la comarca de La Geria, y que tras ocho años y cuatro expedientes de infracciones "ninguna de las administraciones competentes para ello lo cerraran".
"Después de bucear en el proceso jurídico Stratvs uno llega a la conclusión de que las instituciones públicas, en las que los ciudadanos confiamos la defensa del interés general han fallado estrepitosamente", ha apuntado Ferrer.
Sin embargo, ha apostillado, "no fallan cuando tratan los asuntos de los campesinos de La Geria, fallan sistemáticamente desde 1991 como bien refleja la sentencia del Tribunal Supremo del Apartahotel Fariones cuando se trata de los intereses de Juan Francisco Rosa".
"Todo el mundo sabe lo que ha pasado en la bodega Stratvs, pero en la barra del bar, en la sede judicial, no", ha ironizado.
Ferrer también ha destacado que los miembros de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Yaiza que dieron la licencia de actividad había asistido antes a la inauguración de la bodega, en la que se sirvió vino de la cosecha del año anterior elaborado allí mismo, por lo que ya estaba en funcionamiento desde tiempo antes.
"Es absurdo hablar de licencia de actividad cuando la bodega ya está abierta", ha remarcado.
Y en cambio, ha continuado en su alegato, el hecho de que la bodega se cerrase debido a sus irregularidades "dependió de cinco ciudadanos que la denunciaron por el fallo estrepitoso del estado de derecho, porque las instituciones locales, insulares y regionales fallaron de forma consciente y deliberada".
Esos cinco ciudadanos, ha añadido Ferrer, "llevan 30 años denunciando irregularidades, no son ciudadanos cualquiera, son ciudadanos comprometidos el territorio de la isla de Lanzarote".