La Audiencia Provincial acoge esta semana un juicio a raíz de la presentación de una querella por parte de María Valentina A. A. y Kateryn L. A. contra M. M. A. y C. R. O. F. por intrusismo, estafa y falsificación de documentos. Sin embargo, la Fiscalía no aprecia la comisión de estos delitos y en su momento pidió el sobreseimiento de la causa.
Por su parte, el Colegio de Abogados sí ha formulado acusación contra uno de los procesados M. M. R. por presunto intrusismo. Una de las denunciantes asegura que éste se hizo pasar como letrado, asesorándola durante años sobre la gestión de diferentes sociedades suyas dedicadas al lavado de coches, de las que era administradora única.
Sin embargo, la Fiscalía indica que lo único que queda claro es que en las dos tarjetas de presentación aportadas, el encausado figura como director gerente en una y en la otra ni siquiera se le menciona.
El Ministerio Público tampoco cree que se pueda demostrar que ejerciera actos propios de esta profesión, dado que no aparecen escritos firmados por el mismo, no dirige ni interviene en ningún proceso judicial y los cobros o pagos se hicieron a nombre de las sociedades en las que trabajaba. Otra cosa es que haya podido asesorar a las denunciantes, lo que tampoco supondría intrusismo ya que esta labor no es exclusiva de abogados sino también de economistas, auditores, contables, administradores de empresas o fincas o graduados sociales. Pero, además, M. M. R. declaró en el juzgado que estudió y acabó la carrera de derecho en 1983 aunque nunca se llegó a colegiar ni ejerció esta profesión, dato que no se ha verificado. La Fiscalía reprocha que ni siquiera se haya recabado el certificado de nacimiento o una fotocopia del DNI para conocer su verdadero nombre.
La acusación de falsedad documental se basa en la aportación de documentos en los que supuestamente se simula la firma de una de las denunciantes. Se trata de nueve declaraciones a efectos impositivos ante la Agencia Tributaria y dos cheques.