La exempleada del Registro de la Propiedad del Puerto de la Cruz negó de forma categórica que en los 34 años en los que trabajó en dicha entidad se hubiese quedado con cantidad alguna de dinero, ni modificara ningún documento. La Fiscalía, por su parte, la acusa de haberse quedado de forma indebida con casi 98.000 euros, por lo que pide la devolución de cerca de 92.000 y cuatro años de prisión.

En la declaración que prestó ayer en la primera sesión del juicio celebrado en la Audiencia Provincial, la procesada dijo que apenas permaneció nueve meses como responsable única de la caja.

Concretamente, ocupó estas funciones desde mediados de 2006 hasta marzo de 2007, momento en el que fue despedida después de que una auditoría detectara las irregularidades luego denunciadas. En la época anterior, aseguró que fueron otras personas las responsables de gestionar el dinero.

Sobre lo ocurrido, apuntó que tenía su propia versión, aunque no llegó a concretarla. "De resto no encuentro explicación de lo que se me acusa", como es la aparición de borradores, -copias de las facturas que se entregan a los clientes-, modificadas con cifras inferiores a las cobradas. "Cuando se cerraba la ventanilla me limitaba a firmar los cheques por detrás. Nunca toqué físicamente el dinero", aseguró.

Sin embargo, las declaraciones de sus compañeros de trabajo fueron en dirección contraria y ratificaron que la acusada siempre se ocupó de la caja, excepto momentos muy puntuales como alguna baja o vacaciones. "Me decía que le entregara a ella el borrador y el dinero en efectivo. Siempre pensé que era para cuadrar la caja. Nunca supe si cuando me devolvía el borrador había modificado algo", dijo uno de los empleados.

Un agente de la Policía declaró que intervinieron después de recibir denuncias por parte de un compañero de trabajo y la reclamación de un cliente.

El Ministerio Público la considera responsable de haberse aprovechado de su cargo como oficial de esta entidad para cobrar las cantidades entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2007. Por su parte, la compañía aseguradora que abonó casi 92.000 euros, se personó como acusación particular y pide que se le devuelva este dinero.

El Ministerio Público mantiene que la procesada se hizo en el año 2004 con casi 7.000 euros, en 2005 con alrededor de 36.000, en 2006 con 48.500 y en 2007 con algo más de 7.000. Además, habría utilizado otro sistema que consistía en modificar los conceptos obrantes en las facturas que se archivaban con respecto a los reales que constaban en los borradores que se entregaban a los clientes. Con este fin habría alterado seis facturas cuyas cifras oscilaban entre los 98 euros y los 200.

El Colegio de Registradores tenía concertado con una aseguradora una póliza para cubrir robos en virtud de la cual esta entidad otorgó la indemnización de casi 92.000 euros. La vista continuará el próximo jueves 13 de julio.