El ciudadano alemán E.H.Z. y el palmero M.T.R.R. fueron acusados por la Fiscalía de la comisión de un supuesto delito societario y de apropiación indebida por quedarse con algo más de 163.000 euros de una empresa radicada en La Palma que se dedicaba a la venta de terrenos. El Ministerio Público pide un total de seis años de prisión y la devolución del dinero para el primero y de cinco años para el segundo.

El juicio tendrá lugar la próxima semana en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

El ciudadano germano actuaba como administrador único de la compañía, cargo del que fue cesado en el año 2008.

Hasta ese momento, dicha persona podía disponer de 3.000 euros para comprar, vender, permutar o adquirir cualquier clase de bien, según consta en el escrito de calificación del fiscal.

Sin embargo, el Ministerio Público considera que el procesado abusó de dicha condición y extralimitó sus facultades y atribuciones causando perjuicios a la sociedad y al otro socio.

De esta manera, el acusado alemán se habría apoderado de 9.500 euros en efectivo y de otros 12.500 a través de las compras en establecimientos comerciales mediante el uso de una tarjeta asociada a la cuenta de la empresa.

Igualmente, el germano procesado dispuso en efectivo y se apoderó mediante cheques de un total de 121.000 euros a lo largo del año 2007.

Por medio de una transferencia también destinó otros 21.000 euros a la compra de un coche para uso particular.

El acusado se puso de acuerdo con el otro procesado, que también era administrador único de una compañía, para actuar de forma supuestamente fraudulenta como comprador de diversas fincas situadas en el término municipal de Los Llanos de Aridane.

Operaciones para las que el ciudadano alemán no contaba con el permiso y autorización de su socio, hecho que conocía el comprador.

El precio final fue de 220.000 euros, de los que se abonaron 3.000 y el resto quedó aplazado durante siete años. Todo ello dio lugar, según la Fiscalía, a un perjuicio a la entidad vendedora dada la inexistencia de garantías financieras y la diferencia entre el precio pactado y el valor del mercado que era superior en alrededor de 50.000 euros.

Pero, además, la compraventa hizo que desapareciera el objeto de la sociedad que explotaba en una de estas fincas un inmueble de uso turístico, con lo cual se acrecentó el patrimonio de ambos acusados. La Fiscalía pide que se declare la nulidad del contrato y que los dos acusados indemnicen a la empresa vendedora en la cantidad que se determine en la ejecución de la sentencia, en caso de que esta sea condenatoria.

La cifra deberá corresponder al valor de la finca, con inclusión de daños y perjuicios ocasionados con esta operación mercantil, supuestamente fraudulenta.