La Audiencia Provincial acogerá la próxima semana la vista oral en la que se sentarán en el banquillo cuatro ciudadanos colombianos acusados de un presunto delito contra la salud pública y de pertenencia a grupo criminal. La Fiscalía pide un total de 30 años de prisión y una indemnización que suma los 67.821 euros. Los encausados permanecen desde hace un año privados de libertad por estos hechos.
La Fiscalía denuncia que un ciudadano residente en Colombia, pero con carnet español, era el encargado de contactar con los acusados a fin de introducir cocaína en Tenerife, mientras que los otros miembros de la banda se encargaban de su distribución. Una de las acusadas viajó en mayo de 2016 como pasajera desde Bogotá a Madrid y, de aquí, al aeropuerto Tenerife Sur-Reina Sofía. Dado su estado de nerviosismo, un policía nacional vestido de paisano, junto con otros de la guardia civil, procedió a cachearla. De esta manera pudieron comprobar que los botines pesaban en exceso, por lo cual, tras escanearlos, localizaron en su interior seis envoltorios que contenían algo más de un kilo de cocaína. Esta sustancia tenía una pureza de 66% y su valor en el mercado ilícito hubiese sumado casi 34.000 euros. La mujer detenida decidió colaborar con la policía y confesó quién le había dado la cocaína en Colombia y que debía entregársela a otra en el parque de Las Galletas, en Arona. En el lugar estaban esperándola dos de los encausados en cuyos teléfonos se pudo comprobar la conexión con el resto de los miembros del grupo.