El autor confeso del incendio de Gran Canaria de 2007, que arrasó más de 19.000 hectáreas de alto valor medioambiental y puso en peligro la vida de 4.550 personas que tuvieron que ser evacuadas, ha afirmado hoy que no quiso causar el daño generado y ha vuelto a pedir perdón a la isla.

El procesado, el vigilante forestal Juan Antonio Navarro Armas, ha pedido perdón a los afectados, a las administraciones y a toda Gran Canaria en su derecho a dirigirse por última vez al Jurado que deberá pronunciarse sobre su culpabilidad, que la Fiscalía de Medio Ambiente de Las Palmas considera demostrada no solo por su confesión, sino por toda la prueba practicada.

Esta será la última vez que un Jurado falla en España un caso sobre un incendio forestal y lo tendrá que hacer tras una vista que solo se ha celebrado por un tecnicismo: la pena que el procesado ha aceptado por acuerdo con la Fiscalía supera el máximo de seis años en los que se puede dictar una sentencia de conformidad sin juicio.

Todas la partes presentes en la causa se han adherido al escrito de conclusiones del fiscal Javier Ródenas en lo que respecta a la responsabilidad penal que se reclama al acusado, quien está conforme con ser condenado a ocho años y seis meses de prisión.

El fiscal ha explicado de nuevo que inicialmente solicitaba una condena de 16 años, pero que la ha rebajado debido a los retrasos de la causa y a que el vigilante reconoció los hechos antes de que fuera acusado, al día siguiente de provocar el incendio, el día 27 de julio de 2007, cuando pasó de "héroe a villano, como dijo el agente del Seprona" ante el que se derrumbó y desveló que él había prendido el fuego con una sola cerilla.

El Ministerio Fiscal demanda además una indemnización de 17 millones de euros para los afectados, que se dilucidará tras una vista específica que está previsto que el magistrado presidente del tribunal, Salvador Alba, celebre mañana o el viernes, ya sin Jurado, ya que no compete a este decidir sobre la responsabilidad civil.

Un particular y los propietarios del zoológico Palmitos Park son los únicos afectados disconformes con la indemnización que propone la Fiscalía, quienes reclaman, según sus letrados, 81.000 euros y siete millones euros, respectivamente.

El fiscal ha vuelto a destacar que gracias al acuerdo extrajudicial al que se ha llegado con el resto de los afectados, unos 350 inicialmente y 17 compañías de seguro, el juicio se ha podido celebrar en tres días y no en seis o siete meses.

El incendio supuso la mayor tragedia medioambiental sufrida hasta la fecha por Canarias, no sólo por dañar una superficie de considerable importancia, sino por alterar específicamente las condiciones de vida animal y vegetal, afectando a un Espacio Natural Protegido, según sostienen todas las acusaciones.

El fuego fue declarado extinguido seis días después de su inicio, el 1 de agosto, ya que las altas temperaturas, los fuertes vientos y la escasa humedad, así como la difícil orografía de Gran Canaria y su riqueza forestal dificultaron las tareas de extinción.

El Parque Natural de Pilancones, donde comenzó el fuego, resultó dañado en un 70 % de su superficie; el Paisaje Protegido de Fataga sufrió daños en un 18 %; el Monumento Natural de Tauro, en el 60 %; el Parque Rural del Roque Nublo, en menor medida, solo un 3 %; y se quemaron numerosos palmerales.

Además, según el informa de la Dirección General del Medio Natural del Gobierno de Canarias, el 87,2 % del área afectada (unas 13.389,73 hectáreas) tiene la consideración de Lugar de Interés Comunitario, mientras que el 60,96 % (9.358 hectáreas) está considerada como Zona de Especial Protección para las Aves.

Así mismo, en esa zona habitaban unos 200 ejemplares del pinzón azul de Gran Canaria, ave en peligro de extinción y declarada como amenazada, que estaba siendo sometida a un plan de recuperación.