La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife pide un total de diez años de cárcel para V.M.B.V., actualmente en situación de prisión provisional, por intento de violación y agredir a uno de los guardias civiles que lo detuvieron. Además, en el transcurso del juicio que tendrá lugar esta semana en la Audiencia Provincial, el Ministerio Público exige que se indemnice a la víctima de la supuesta agresión sexual con 25.000 euros y al agente con otros 275.

Los hechos se remontan al mes de agosto del año pasado, cuando el procesado volvía en guagua de La Esperanza y se encontró con una mujer que conocía porque en su momento había llevado a cabo trabajos de reforma en su vivienda. Tras invitarla a tomar un café y negarse esta, posteriormente el acusado se desplazó a su casa, a la que pudo entrar porque la víctima le abrió la puerta pensando que eran sus nietos.

Una vez dentro y sin dejarle capacidad de respuesta, la empujó y llevó hasta la cocina e intentó violarla a la vez que le daba golpes, tirones de pelo y la cogía por el cuello.

En un momento dado, la mujer consiguió huir, pero el acusado la alcanzó y arrinconó contra la pared.

Finalmente, llegaron los nietos, su hija y el novio de esta, quienes consiguieron retener al supuesto agresor y llamar a agentes de la Guardia Civil, que poco después se personó en el domicilio.

En el momento de la detención, el procesado empujó y sujetó por el cuello a un agente, a la vez que profería expresiones tales como "chulo, voy a hablar con tu general y te vas a enterar, yo no he hecho nada, así que me voy".

El acusado presuntamente le causó arañazos en el pecho, unas lesiones que precisaron para su curación una primera asistencia y cinco días.

Por su parte, la mujer sufrió heridas en el mentón izquierdo, hematomas a ambos lados del cuello y cardenales en ambos antebrazos. El procesado le causó daños en el quinto dedo de la mano derecha, en la cadera y en la parte interna de los muslos, entre otras que requirieron asistencia ginecológica.

En la actualidad, la víctima se encuentra en tratamiento por cuadro depresivo crónico y persistente presentando trastorno de estrés postraumático.

La Fiscalía pide nueve años de cárcel por un presunto delito de agresión sexual, libertad vigilada durante cinco años con la prohibición de acercarse y comunicar con la víctima y la obligación de participar en programas de educación sexual.

También solicita un año de cárcel para el procesado por atentado al agente de la autoridad, además de la imposición de varias multas.