La Audiencia Provincial acoge hoy el juicio a J.G.C.C. y a J.L.P., que están acusados de delito continuado de apropiación indebida y de falsificación de documentos públicos por haberse apropiado de cerca de 81.000 euros de las empresas en las que trabajaban. La Fiscalía solicita una pena de cuatro años de prisión para cada uno de ellos y la devolución del dinero que presuntamente sustrajeron. El Ministerio Público considera que ambos se pusieron "de común y previo acuerdo con el propósito ilícito de enriquecimiento en ejecución siempre de un mismo designio y aprovechándose de sus puestos laborales".

El primer acusado ocupaba el cargo de contable y administrativo mientras que el segundo era auxiliar administrativo en dos sociedades, radicadas en Santa Cruz de Tenerife. En numerosas ocasiones ambos recibían dinero en metálico como pago de las mercancías suministradas y en teoría los acusados debían con posterioridad ingresarlas en la cuenta corriente de las dos empresas. Pero en realidad procedían a ocultar las diferentes sustracciones alterando los asientos contables. De esta manera en la contabilidad informática aparecían los importes como si realmente los hubieran ingresado contra la cuenta corriente del cliente, saldando la deuda del mismo.

Con todo ello se daba lugar a un descuadre entre el extracto de la cuenta bancaria y el libro Mayor de contabilidad, de manera que cuando la Gerencia o el asesor les solicitaba las conciliaciones bancarias, procedían a eliminar los asientos de los ingresos correspondientes al efectivo distraído. El objetivo era que cuadrara el extracto bancario con el Mayor pero descuadrando entonces la cuenta del cliente, que volvía a tener saldo deudor. La Fiscalía indica que los procesados utilizaron este sistema desde 2009 hasta finales de 2012, de manera que en el primer ejercicio se habrían apropiado de 23.500 euros correspondiente a 50 facturas con un total de 119 asientos contables eliminados. En 2010 la cantidad ascendió a casi 23.000 euros de 42 facturas, 44 asientos contables inexistentes y 35 que no estarían registrados en la contabilidad actual pero sí en la copia. En 2011 la suma supuestamente apropiada llegó a casi 34.200 euros de 52 facturas y en el primer trimestre de 2012 se detectó un presunto fraude de casi 12.000 euros.

A finales de 2010 la empresa fue absorbida por otra entidad que a mitad de 2012 optó por presentar la correspondiente denuncia con el fin de reclamar los cerca de 81.000 euros apropiados. Durante la investigación judicial se acordó el sobreseimiento provisional de otro de los trabajadores que inicialmente había quedado imputado.