El Juzgado de Primera Instancia Número 2 de San Bartolomé de Tirajana acordó el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa abierta contra el principal sospechoso de la desaparición de Yéremi Vargas, Antonio Ortega, al "no existir ningún indicio" de su participación "ni de ninguna otra persona".

El titular del citado juzgado estima que los indicios recopilados sobre la desaparición del niño el 10 de marzo de 2007 en Santa Lucía "no permiten mantener un proceso penal formal contra el hasta ahora principal sospechoso de su desaparición". Para el magistrado Juan Manuel Herno, "no existen en este momento medios de prueba, siquiera indiciarios, que de un modo objetivo y razonable permitan dirigir la causa contra una persona o personas indeterminadas", tampoco frente a Ortega, afirma la resolución, que se puede recurrir ante la Audiencia de Las Palmas. El magistrado argumenta que "los motivos que inicialmente llevaron a su imputación no dejan de ser meras afirmaciones y valoraciones subjetivas de los miembros del equipo de investigación, ya esgrimidas para la investigación de sujetos en idénticos y similares términos, que, inicialmente, motivaron la declaración como investigado". Además, en el auto se recuerda que esos indicios "no se confirmaron tras la práctica de las diligencias de investigación oportunas". El magistrado advierte en su escrito de que "la Guardia Civil ha de cumplir con su obligación y continuar con la investigación de los hechos hasta su completo esclarecimiento si fuese posible, para lo que, si existe alguna duda, se libra la oportuna orden, tras su manifestación en la que, faltando a la verdad en la narración de múltiples hechos, manifiestan que no llevarán a cabo diligencias de investigación que no sean las ordenadas por el juez". El instructor añade que "si los agentes encargados desean desistir de tal función habrán de comunicarlo a sus superiores a los efectos oportunos, para que sean otros agentes quienes continúen con la investigación de los hechos". Existen aspectos, como la amenaza recibida por el padre del menor que, diez años después, sigue sin aclararse y que "él mismo atribuye a la madre o a alguien de su entorno y ésta lo niega". La decisión judicial dejó en "estado de shock" a los parientes del niño, que recurrirán la decisión, según dijo a Efe su abuelo, José Suárez, portavoz de la familia.