La Policía Nacional detuvo en Gran Canaria a cinco mujeres y siete hombres, de 23 a 55 años, casi todos con antecedentes por hechos de la misma naturaleza, como presuntos autores de los delitos de blanqueo de capitales, estafa, falsificación documental y contra la Seguridad Social.

La investigación se inició tras desarticular en 2015 una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes, en la que fueron intervenidos 1,3 kilos de cocaína y 10 kilos de hachís, y que destapó una posible existencia de un entramado destinado al blanqueo de capitales procedentes de la venta de droga.

Las pesquisas detectaron entonces una estructura paralela a la banda de narcotraficantes y jerárquicamente vinculada a la misma.

Los recursos económicos obtenidos por su banda matriz eran blanqueados a través de la compra de múltiples bienes muebles e inmuebles en Gran Canaria, que no eran solo sufragados con fondos en efectivo cuya naturaleza y origen eran desconocidos y debidamente enmascarados, sino que, además, quedaban desvinculados de la propia organización criminal mediante la interposición de titulaciones fraudulentas usando personas físicas y jurídicas a modo de testaferros.

Este aparato de blanqueo de capitales asociado, subordinado y dependiente del mencionado grupo criminal encargado del narcotráfico pudo ser directa o indirectamente relacionado con gran cantidad de productos bancarios, catorce coches, veintiuna motocicletas, dos embarcaciones y doce inmuebles.

Como resultado de la investigación y bajo la tutela del Juzgado de Instrucción número 1 de Las Palmas de Gran Canaria se procedió al arresto de doce personas -otras siete figuran como imputados- como presuntos autores de delitos de blanqueo de capitales, estafa, falsificación documental y contra la Seguridad Social.

De forma paralela a las detenciones se llevó a cabo la intervención de una veintena de vehículos a motor, una moto acuática, dos embarcaciones y nueve propiedades inmobiliarias, además del bloqueo de una decena de productos bancarios, algunos de los cuales habrían sido usados como cuentas instrumentales para la realización de las prácticas financieras ilícitas. En total, y para sufragar este patrimonio descrito, las operaciones financieras realizadas con dinero de procedencia ilícita detectadas ascendieron a 712.000 euros.