El promotor inmobiliario J.F.CH.P. se enfrenta a una petición de penas por parte de la Fiscalía de cinco años de cárcel por presunta apropiación indebida y alzamiento de bienes al no haber construido un edificio en plena calle del Castillo de Santa Cruz de Tenerife. Un conocido abogado tinerfeño, que actuó como socio, presentó una querella en su contra solicitando siete años y medio de prisión al considerar que la actuación de este empresario le originó un quebranto económico de 1,2 millones de euros. El promotor actualmente está en Tenerife II cumpliendo una pena de tres años por otro delito similar. La acusación particular y la Fiscalía coincidieron en descartar una presunta estafa, aunque fijan una responsabilidad civil por valor de 1,2 millones.

El acusado responsabilizó de lo ocurrido al Ayuntamiento de la capital tinerfeña por tardar tres años en concederle la licencia de construcción y a las entidades financieras que no quisieron otorgarle los créditos solicitados por estar en plena crisis económica. El origen del proyecto se remonta al año 2005 cuando, junto con el abogado, pretendía construir un edificio llamado El Mocanal entre la calle del Castillo e Imeldo Serís, que suponía una inversión de 7,7 millones.

El letrado le otorgó 312.000 euros en metálico y otros 300.000 por medio de un local que estaba situado en esta última vía. Aunque los planes pasaban por ejecutar el edificio en tres años, lo cierto es que en 2007 la Gerencia de Urbanismo seguía sin dar ningún tipo de permiso y por lo tanto el abogado le entregó otros 600.000 euros más. "Todo coincidió con la crisis enorme que hemos vivido y el dinero lo tuve que emplear en pagar 700.000 euros en intereses del crédito de 2,1 millones que conseguí y en la redacción del proyecto que costó 115.000 euros. Al final me he quedado en la más absoluta ruina y solo tengo una pensión de 300 euros", indicó el procesado durante el juicio que tuvo lugar el lunes. Finalmente, en 2009 obtiene la licencia pero entonces el problema es que las entidades financieras se niegan a otorgarle crédito alguno, incluso se dirigió a bancos de la localidad italiana de Bolonia para solicitarlo, pero fue imposible.

Por último, el abogado pidió quedarse con tres fincas que el empresario poseía en Güímar, una de las cuales pasó a ser propiedad de su hija, de lo que se derivaría el supuesto delito de alzamiento de bienes. El promotor, sin embargo, señaló que una sentencia obligaba a pagarle 40.000 euros a su descendiente.

El letrado que llevó a cabo esta inversión dice que conoció al promotor en 2005 y asegura sentirse engañado porque aunque estaba al tanto de los problemas para obtener la licencia, no ocurría así con los económicos, de los que se enteró por los "rumores" que le llegaban desde los bancos. Finalmente presentó "por primera vez en mi vida y a título personal" la correspondiente querella, "y les puedo asegurar que no ha sido algo agradable". Indicó que ya un juzgado determinó en su momento que la venta de la finca de Güímar había sido fraudulenta. Acusó al procesado de haberse gastado el dinero que le otorgó "en las cosas más increíbles del mundo" y dijo que si lo hubiese guardado habría sido viable la ejecución del proyecto.