"Cuando hicimos el registro las prostitutas nos decían que en la casa se practicaba algo de vudú, brujería o magia negra". Así lo aseguró uno de los policías que intervinieron en el año 2006 en una vivienda dedicada a la prostitución en el centro de Santa Cruz y en unos apartamentos en el Sur de la Isla. Seis agentes declararon ayer en el juicio en el que se acusa a la supuesta madame de este negocio, que fue identificada como S.A.V., de un presunto delito contra los derechos de los trabajadores extranjeros.
La Fiscalía solicita tres años de prisión, la imposición de varias multas y el pago de 5.000 euros a cada una de las prostitutas por los daños morales causados.
La defensa de la mencionada mujer solicitó la libre absolución, al considerar que tanto en este caso como en el del resto de procesados, que resultaron absueltos en 2014, no se ha podido demostrar que las jóvenes fueron obligadas a ejercer la prostitución.
S.A.V., quien no pudo ser juzgada junto a los demás encausados al haber sido declarada en rebeldía y estar desde entonces en busca y captura, se acogió ayer a su derecho a no declarar.
Sí lo hicieron varios policías que intervinieron en su momento en la operación para desmantelar esta supuesta red formada por jóvenes traídas desde Brasil.
Uno de los agentes recordaba que a las mujeres se les obligaba a estar disponibles 24 horas al día, que debían entregar el 50% de lo que cobraban y que le sonaba el nombre de la ahora acusada como la persona que "gestionaba" el piso de Santa Cruz. Otro policía señaló que "vagamente" se acordaba de que las condiciones en las que trabajaban las jóvenes "eran bastante lamentables", pero poco más.
Un tercer agente aseguró que a las jóvenes se les retiraba el pasaporte, se imponía un estricto régimen de sanciones y recordaba ligeramente la cara de la ahora acusada como la responsable del piso. Señaló que cada mujer podía cobrar a la semana hasta siete mil euros pero que también estaban obligadas a pagar todos los gastos y que apenas dos o tres tenían su situación en el país regularizada. Uno de los policías que intervinieron en el Sur dijo que alguna de las jóvenes le confesó que allí se ejercía la prostitución.
Una testigo protegida declaró que se limitaba a ejercer las labores de limpieza en la casa de Santa Cruz, que conocía a la acusada porque era su prima, que efectivamente esta era la encargada de organizar el piso y que ninguna de las chicas se quejaba de las condiciones en las que trabajaba. Aseguró que su condición de testigo protegida había sido "una trampa" y negó que a las trabajadoras se les retuviese el pasaporte. Otra de las testigos admitió que ejerció la prostitución pero descartó que hubiese surgido algún problema, o que lo hiciera bajo amenazas o coacciones. Fuera del horario estipulado tenía plena libertad y nunca le retiraron el pasaporte.