La Audiencia Provincial acogerá a partir del próximo lunes, 19 de febrero, y hasta el 2 de marzo, una vista en la que figuran como acusadas 16 personas, de las que dos son funcionarios y el resto particulares que ejercían como agentes inmobiliarios o un oficial de notaría, entre otros, por delitos de cohecho, prevaricación administrativa e infidelidad en la custodia de documentos. En concreto, se les responsabiliza de haber cobrado diversas cantidades a cambio de agilizar y llevar a cabo trámites relacionados con el catastro. La Fiscalía mantiene una lista de once investigados, a los que globalmente solicita 66 años de cárcel, mientras que la acusación particular representada por el abogado del Estado la eleva a 16.
Los primeros dos días se dedicarán a escuchar las declaraciones de los imputados y a continuación han sido llamados a comparecer diversos testigos, como son miembros de la Guardia Civil. Las previsiones pasan porque, a partir del día 26, declaren los peritos, para finalmente acabar con las conclusiones definitivas de la Fiscalía, acusación particular y defensas
El principal procesado es J.D.D., jefe de Planificación Informática del Catastro en Santa Cruz de Tenerife, a quien el Ministerio Público acusa de haber hecho uso de sus claves de acceso o de otros usuarios al sistema de gestión catastral para resolver expedientes frecuentemente relacionados con la subsanación de discrepancias físicas o jurídicas en las fincas. El acusado supuestamente agilizó estas gestiones sin seguir el procedimiento establecido, "todo ello previa obtención de una suma de dinero en metálico y sin expedir recibo, importe generalmente fijado por el propio imputado que se quedaba con el 50% de lo recibido, repartiendo el resto entre otras diez personas que lo auxiliaban en esta labor". Entre estas últimas la Fiscalía apunta a dos sobrinos del principal acusado que estaban relacionados con asuntos administrativos, inmobiliarios o de seguros. Ambos ofrecían servicios para acelerar la tramitación de expedientes catastrales a cambio de cantidades que oscilaban entre los 300 y 1.000 euros, según su complejidad. Otras tres personas, de las que una ejerció de oficial de notaría en La Laguna, son acusadas de atraer posibles interesados y las restantes eran profesionales del sector inmobiliario, como una aparejadora, administradores de fincas o de sociedades. En junio de 2014, tras una denuncia de la Gerencia del Catastro, la Guardia Civil efectuó entradas y registros en inmuebles relacionadas con los acusados. Entre ellas en la Delegación de Hacienda, donde se incautaron varios correos electrónicos en los que particulares solicitaban información para agilizar los trámites catastrales o se remitían diversos documentos.
Pegatinas del Consejo Notarial
En el domicilio de otro de los procesados, los investigadores hallaron pegatinas originales del Consejo Notarial y en los demás, relaciones de cobros y de gestiones, correos electrónicos con intercambio de documentación y solicitud de trámites. Tres de los procesados permanecieron en prisión provisional y sin fianza desde el mes de junio a octubre de 2014, en el que se decretó su libertad provisional.