La Fiscalía solicita un total de cuatro años de prisión por un delito de lesiones y uno más por atentado a la autoridad a A.E.B.T., que en la actualidad está en prisión. El pasado miércoles tuvo lugar el juicio después de que el Ministerio Público le acusara de apuñalar a un vecino con el que mantuvo una disputa mientras se celebraban las hogueras de San Juan en Arona, el 23 de junio de 2017.

El procesado sacó una navaja y con la finalidad de atacar a la víctima lo cogió del cuello y tiró al suelo, momento en el que propinó varios pinchazos que causaron varias heridas, alguna de las cuales llegó a tener hasta cinco centímetros de profundidad.

El perjudicado requirió para la estabilización de una primera intervención por parte del cirujano de guardia dado que se había visto afectada la región torácica izquierda y la de la pelvis derecha. Todo ello precisó de un internamiento hospitalario durante dos días para curarle las lesiones, llevar a cabo una valoración por parte de los especialistas, realizar exploraciones físicas, pruebas complementarias, tratamiento sintomático y médico quirúrgico, consistente en reposo relativo y asistencia diaria en un centro sanitario para que fuera posible una cura adecuada.

En total, todo este proceso se alargó por 38 días en los que la víctima estuvo potencialmente impedido para trabajar y hacer su vida habitual. A día de hoy aún continúa sufriendo un perjuicio estético ligero consistente en cicatrices en el tórax. El acusado, una vez que el perjudicado estaba en el suelo y al percatarse de que policías nacionales acudían al lugar, tiró la navaja y emprendió la huida. Cuando fue interceptado por los agentes, intentó dar un puñetazo a uno, que lo logró esquivar, siendo finalmente apresado. Durante el juicio, el acusado declaró en todo momento que no conocía al denunciante ni lo había visto nunca, que no recordaba nada de lo ocurrido aquella noche, aunque sí admitía que la navaja encontrada era suya. Aseguró que no consumía drogas y también negó que hubiese atacado a la policía.

En el momento de los hechos el procesado se encontraba condenado por sentencia firme emitida en 2015 por un delito de amenazas que se concretó en ocho meses de prisión. Pena que estaba en suspensión durante tres años con la condición de que no incurriese en ningún delito durante este tiempo. Por ello, en la actualidad sigue privado de libertad.