Sucesos

Veinte acusados de estafa con la descalificación de VPO en Canarias

Noé Ramón, S/C de Tenerife
9/abr/18 8:28 AM
eldia.es

La Audiencia Provincial de Tenerife acoge desde esta semana un juicio a veinte personas acusadas de cometer delitos de prevaricación administrativa, estafa y falsedad documental, que se concretaban en la descalificación de las viviendas de protección oficial (VPO). De esta manera, mediante el pago de entre 2.000 a 9.000 euros se daba lugar a la desaparición de las limitaciones asociadas a esta categoría permitiendo proceder a su venta sin acudir al precio máximo fijado legalmente. Este supuesto fraude facilitaba la posibilidad de establecer un valor libre de mercado o que los dueños acudieran a operaciones de financiación de créditos que serían inviables de haber seguido siendo consideradas sus casas como de protección oficial.

En total la Fiscalía solicita penas que oscilan entre los nueve meses y los cinco años de prisión hasta sumar alrededor de 90 años e indemnizaciones por valor de 125.000 euros, más lo que se pueda determinar durante la ejecución de sentencia.

Los principales investigados son M.C.C.A. y S.C.H.J., a quienes se les acusa de utilizar sus empleos en el Instituto Canario de la Vivienda para ofrecer a los propietarios la posibilidad de eliminar estas trabas administrativas. Todos ellos pagaron un precio creyendo que recibían un certificado por medio del cual devolvían las ayudas y subvenciones obtenidas. También acudían personalmente o a través de estos acusados a liquidar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD), para inscribir en los registros de la propiedad la liberalización de las viviendas. Al no estar cruzados los archivos de estas entidades con las del Instituto no se detectaban la anomalías e irregularidades de los documentos considerados fraudulentos. Para cometer esta supuesta estafa o bien contactaban de forma directa con los propietarios, o usaban intermediarios como podían ser inmobiliarias que se beneficiaban del aumento del precio en la venta de las casas o de la financiación de hipotecas. Una vez hecho el pago los acusados se comprometían a conseguir los documentos precisos que simulaban tanto las certificaciones emitidas oficialmente como la intervención del director general de la Vivienda mediante la imitación de su firma. La vista se extenderá 11 días y 15 propietarios aceptaron estas acciones.