Una madre y su hija reclaman a C.R.O.F. y a M.M.R. el pago de 332.000 euros y seis años de cárcel para cada uno al considerarse estafadas, tras haber montado junto con los imputados cuatro empresas. Las denunciantes aseguran que en todo momento contaron con el asesoramiento de M.M.R., quien, según dicen, les hizo creer que era abogado. En una de las sociedades los dos querellados ostentaban el 50% de las acciones, pese a que nunca llegaron a invertir cantidad alguna. Su aportación se limitó a suscribir pagarés que jamás se hicieron efectivos a nombre del hijo del supuesto letrado. Por ello, la querellante tuvo que hacer frente a las deudas, ya que figuraba como avalista. Las denuncias se centran en los delitos de estafa, intrusismo profesional y falsificación de documentos públicos, "primero porque las convencieron de que era abogado y luego de que montaran estas empresas diciendo que iban a aportar un dinero que sabían que nunca se haría efectivo".

El juicio quedó ayer visto para sentencia tras haberse desarrollado durante tres días en la Audiencia Provincial. En la vista se personó un representante del Colegio de Abogados de Tenerife ante la posibilidad de que se estuviera ante un posible delito de intrusismo profesional.

La denunciante llegó de Venezuela y, mientras trabajaba como comercial, conoció a M.M.R., que estaba interesado en participar en un programa de una televisión local. Finalmente, la iniciativa no se llevó a cabo, pero cuando la querellante precisó de asesoramiento decidió acudir al despacho del procesado, que se presentó como letrado y tenía su toga colgada de un perchero. Este hombre la convence para participar en diversos negocios que en principio obtuvieron buenos resultados hasta el punto de que en una se pasó de ingresar 5.000 euros al mes a 35.000. Sin embargo, "al final el que era mi amigo leal empezó a incumplir lo prometido" y a causa de las deudas tuvo que solicitar una ampliación de la hipoteca de 84.000 a más de 220.000 euros. Ahora cobra poco más de 800 euros, con los que hace frente a las deudas.

La Fiscalía no ve probado ningún delito, pues no se pudo acreditar que alguna vez el acusado actuase como abogado. No obstante, recordó que en 2001 el Colegio Oficial ya le amonestó por intentar ejercer estas funciones sin tener título. El fiscal dijo que la suplantación solo se demostró en 11 de los 4.000 folios y sobre la estafa considera que la denunciante tenía conocimientos empresariales como para saber lo que hacía. Y cree que se trata más de una cuestión civil que penal. La acusación particular recordó que el acusado declaró ante un juez que era abogado y que usaba el nombre de otro letrado con los mismos apellidos.