Cuatro trabajadores de una residencia de discapacitados han sido detenidos por la Policía Nacional en Málaga por supuestos malos tratos dispensados a los internos, a raíz de la investigación iniciada por la directora del propio centro, que observó conductas que podían ser delito en uno de los cuidadores.
Según ha informado hoy la Policía, en un primer momento fue detenido este trabajador y, al continuar con las pesquisas policiales, fueron arrestados otros tres empleados el pasado jueves.
Los cuatro arrestados, un hombre y tres mujeres, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 5 en funciones de guardia.
De la noticia da cuenta hoy el diario Sur, que señala que los hechos han sucedido en la residencia La Milagrosa, que es propiedad de la Asociación Malagueña en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (Aspromanis) y está situada en la barriada de La Corta.
Hasta el momento, la Policía ha identificado a seis usuarios del centro que habrían sido víctimas de agresiones o de un trato degradante por parte de estos empleados.
Los supuestos malos tratos se detectaron después de que el centro contratase una empresa de detectives e instalara cámaras para comprobar si los empleados del turno de noche se dormían en el trabajo y hacían su labor como debían, indica el periódico.
Al revisar el contenido de las imágenes, los responsables de Aspromanis descubrieron que las cámaras habían grabado algo más que irregularidades, por lo que las entregaron en Comisaría.
El presidente de Aspromanis, Alfonso Rubio, ha informado hoy en un comunicado de que en la residencia La Milagrosa son atendidas 46 personas con discapacidad intelectual y graves afectaciones.
Al detectar posibles conductas constitutivas de delito, la asociación presentó una denuncia e informó a los familiares de las posibles víctimas y a las entidades públicas (Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y Diputación de Málaga) con las que tiene concertadas las plazas para atender a discapacitados.
A partir de entonces, impidió que los trabajadores implicados tuvieran contactos con las personas con discapacidad intelectual que son atendidas en el centro, ha indicado Rubio.
El colectivo, que se ha personado como acusación en el procedimiento que se ha abierto, muestra su colaboración con las instituciones públicas y familiares de los internos para que "nunca más puedan producirse hechos similares".